Categoría: Cambio climático

¿Puede el remedio ser peor que la propia enfermedad? En el caso del esfuerzo por proteger nuestro planeta de la crisis climática, probablemente no llegue a tal extremo. Pero sí que es posible que éste también cause perjuicios negativos: así, al menos, lo indica parte de la comunidad científica en relación al cambio climático. De este modo, algunas de las políticas implementadas para frenar la degradación ambiental tienen potentes efectos colaterales –y riesgos propios– que hemos de comenzar a supervisar.

Entre las medidas potencialmente dañinas se encuentran acciones tan comunes como las plantaciones masivas de árboles –para atrapar el exceso emitido de dióxido de carbono– o la expansión de los biocarburantes. Tal como señala el primer informe realizado conjuntamente por el IPBES y el IPCC –organizaciones científicas internacionales asociadas a las Naciones Unidas–, «las medidas basadas en la tecnología que son eficaces para la mitigación del cambio climático pueden plantear graves amenazas a la diversidad biológica». Y se entra entonces en un círculo vicioso. «El cambio climático, con origen en las actividades humanas, amenaza cada vez más a la naturaleza y las contribuciones que ésta hace a la sociedad. Los cambios en la biodiversidad afectan al clima, especialmente mediante los impactos en los ciclos de nitrógeno, carbono y agua», rezan las líneas del documento.

Según los cálculos realizados por el IPBES y el IPCC, las áreas naturales protegidas deberían ascender hasta el 30% o el 50%

Uno de los ejemplos más evidentes de actuaciones que pueden resultar aparentemente benignas es el uso de metales vinculado a las baterías y las tecnologías renovables: si bien su uso final está destinado a la lucha contra la crisis climática, el resto del proceso vinculado a su aprovechamiento –como la extracción– puede ser profundamente nocivo para el medio ambiente, especialmente cuando aún el reciclaje de esta clase de tecnología es muy escaso.

La forma de proceder debería ser, en realidad, mucho más sencilla. El informe recomienda que cualquier medida enfocada estrecha y directamente a mitigar la subida de temperatura del planeta sea evaluada en términos de riesgos y beneficios; y lo mismo ocurriría con medidas de adaptación, tales como la construcción de presas y muros marinos. Esto no solo sugiere la necesidad de un enfoque holístico, sino que también demuestra la fragilidad sobre la que actualmente se asienta nuestro hábitat, en un estadio relativamente avanzado del proceso de cambio climático.

Comenzar a analizar (para poder solucionar)

Algunas de las soluciones más efectivas para frenar la crisis climática parecen ser, en realidad, algunas de las más sencillas. Es el caso de la restauración de ecosistemas –una de las alternativas más rápidas basada en la propia naturaleza– y de la agricultura sostenible. Todas las propuestas mencionadas, no obstante, se caracterizan por el respeto a la naturaleza no solo mirando hacia a su futuro, sino también hacia su pasado. ¿Qué había antes del impacto humano y cuán posible es recuperarlo? Es por esto, en parte, por lo que la reforestación masiva puede ser dañina: si el ecosistema en cuestión no contaba con la presencia histórica de bosques, su implantación puede dañar no solo la biodiversidad, sino otros elementos que recaen posteriormente en manos humanas, como en el caso de la producción alimentaria o el desplazamiento de parte de la población a causa de la competición por la posesión de terreno.

Actividades como la reforestación masiva, a pesar de ser aparentemente positivas, pueden conllevar la degradación de algunos ecosistemas

Y es que en el centro del origen del cambio climático se halla la concepción de la naturaleza por parte de la humanidad como una fuente de recursos ilimitados. Es por ello por lo que dentro de estas nuevas soluciones se encuentran acciones que buscan cambiar nuestra actitud, como la eliminación de los subsidios otorgados a actividades empresariales que puedan incurrir  en daños  a la biodiversidad, es decir, a aquellas en las que aún persiste la concepción de la naturaleza como algo infinito al servicio del ser humano. A ello se sumarían otras prácticas, como la agricultura sostenible o la adaptación planificada para climas susceptibles a los cambios.  Solo así conseguirmeos evitar, por ejemplo,  la deforestación y la sobrefertilización en la agricultura intensiva o los excesos relacionados con la pesca.

Según los cálculos realizados por ambas asociaciones científicas, las áreas naturales protegidas en nuestro planeta deberían ascender a cifras situadas entre el 30% y el 50%–actualmente se hallan al 15% y el 7,5% en zonas terrestres y oceánicas respectivamente–. La preservación, en esta lucha, se torna clave: no salvaremos el planeta si no salvamos la naturaleza.

«Es intolerable. Hemos intentado quedarnos en casa todo lo posible. Estamos acostumbrados al calor seco, pero a 30 grados, no a temperaturas de 47». Así resumía Megan Fandrich, una vecina del este de Vancouver (Canadá), la ola de calor que azotó a finales de junio el norte de América y que llevó a los termómetros de este país y de Estados Unidos a temperaturas nunca vistas, como los 49,6 grados que alcanzó el pueblo de Lytton, en la Columbia Británica (Canadá), el 29 de junio; o los 47 grados de máxima en Portland (Estados Unidos). Como resultado, esta ola de calor extrema se cobró la vida de más de 200 personas.

La excepcionalidad de este último evento vuelve a evidenciar que el cambio climático ya está aquí. Sin embargo, esta conclusión no puede leerse sin considerar otro dato que ha pasado más desapercibido por haberse desarrollado de forma paulatina. Tal y como advierten los científicos de la NASA en la publicación Geophysical Research Letters, según los últimos datos registrados en los océanos y en los satélites, la Tierra acumula cerca del doble de calor que en 2005, lo que puede derivar en un fenómeno climatológico sin precedentes de no resolverse adecuadamente.

De aumentar la temperatura en 1,5 grados, un 14% de la población mundial se verá expuesta a olas de calor severas cada cinco años

El documento científico, publicado en colaboración con la Agencia Espacial estadounidense y la National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) demuestra que, entre 2005 y 2019, la cantidad de calor atrapado por el planeta se ha duplicado. Es lo que se conoce como desequilibrio energético –la diferencia entre la cantidad de energía solar que absorben la atmósfera y la superficie de la Tierra frente a la cantidad de esa radiación que se devuelve al espacio. En otras palabras, si la Tierra absorbe alrededor de 240 vatios por metro cuadrado de energía solar, en 2005 era capaz de irradiar 239,5 de esos vatios, acumulando tan solo medio vatio. Ahora, sin embargo, al duplicarse la irradiación a causa del debilitamiento de la atmósfera, la cantidad de calor que se acumula ya asciende a un vatio por metro cuadrado.

¿Por qué deberíamos preocuparnos?

Los eventos de Canadá y Estados Unidos fueron fruto de lo que se conoce como ‘cúpula de calor’, un fenómeno climatológico que funciona con el mismo mecanismo que una tapa sobre una olla en ebullición: atrapa el calor y lo mantiene. Así, cuantas más olas de calor sofocantes surjan debido al cambio climático, más cúpulas de calor acabarán formándose. Aunque siempre han existido récords y extremos, el cambio climático aumenta la probabilidad de este tipo de fenómenos. El hecho de que se acumule calor dentro de nuestras fronteras espaciales provoca cambios como el derretimiento de la nieve y el hielo de los polos, el aumento del vapor de agua y los cambios de las nubes, como explican los expertos. Esto se traduce en un desequilibrio climático a todos los niveles. La disminución de las nubes, por ejemplo, facilita mayor radiación solar sobre el planeta, lo que incrementa las temperaturas, favorece las sequías y afecta, consecuentemente, a numerosos ecosistemas. También al ser humano, ya que la salud de la Tierra es una espiral y lo que ocurre en un punto provoca consecuencias en el situado al otro extremo.

Aunque este estudio es tan solo una instantánea borrosa de lo que podría ocurrir –la comunidad científica no tiene actualmente la capacidad para dar una aproximación más certera–, es innegable que la temperatura del planeta ha aumentado. Concretamente, un grado más que hace 22 años. De seguir esta tendencia, en 2040, la temperatura media global habrá alcanzado ya los 1,5 grados, como advierte el informe del Panel de Científicos de la ONU sobre Cambio Climático. 

En la actualidad, la Tierra acumula un vatio de la energía solar que absorbe, mientras que en 2005 sólo asumía medio vatio del total

¿Y si la temperatura crece sin límites como si de una olla de presión se tratara? Los pronósticos actuales alcanzan a predecir las consecuencias de que la temperatura del planeta aumente hasta seis grados. A partir de ahí, poco más puede predecirse. La NASA ya trabajó en 2019 en una investigación en profundidad para concienciar sobre los posibles cambios que el planeta sufriría con tan solo 1,5 grados de aumento en la temperatura global: un 14% de la población mundial se verá expuesta a olas de calor severas cada cinco años (un 37% si la temperatura aumenta 2 grados), el estrés hídrico (la falta de agua) incrementará para la mitad de la población, las precipitaciones extremas y los ciclones aumentarán considerablemente, numerosas especies (el 6% de los insectos y el 4% de los vertebrados) verán muy reducidos sus ecosistemas y , la vez, las especies invasoras cobrarán protagonismo. Además, la acumulación del exceso de calor en los océanos provocará que estos se expandan, con los consecuentes efectos sobre los animales y el ser humano.

A pesar de lo preocupante de esta variación en la temperatura, expertos como el periodista ambiental Mark Lynas se han propuesto ir más allá en la previsión de lo que espera a un planeta en ebullición. Basándose en la franja de referencia del IPCC –que marca un aumento mínimo de 1,4 grados y un máximo de 5,8–, unificó todas las previsiones de la comunidad científica en su libro Seis Grados. El futuro en un planeta más cálido para dilucidar, grado a grado, cómo se iría transformando el globo terráqueo según empiece a aumentar la temperatura global. Estos son sus cálculos:

• A partir de los dos grados: el nivel del mar subiría hasta unos 5,5 metros y el incremento de los incendios forestales provocaría más erosión, más sequía y mayores problemas de suministro de agua, incidiendo también en el suministro energético
  
• A partir de los tres grados: el hambre afectaría a gran parte de la población mundial y la subida del mar provocaría migraciones hacia el interior de más de la mitad de los habitantes
  
• A partir de los cuatro grados: el hielo se habría fundido, provocando el consecuente desequilibrio de temperaturas en el globo. Además, supondría el aumento del nivel del mar en 50 metros en todo el planeta, lo que transformaría por completo la geografía costera. Con el calor, las capas de permafrost también desaparecerían, liberando cientos de toneladas de metano a la atmósfera
  
• A partir de los cinco grados: estaríamos ante un planeta completamente diferente. Las selvas tropicales habrían desaparecido y el mar se habría adentrado en el interior, dejando a los humanos aislados en zonas pequeñas

• A partir de los seis grados: el límite para la vida. En ese punto, solo algunas bacterias podrían sobrevivir. Pero aún queda tiempo para encontrar un final alternativo.

El aire de los núcleos urbanos europeos sigue siendo, a nuestro pesar, uno de los grandes protagonistas de la actualidad. A pesar de la reducción del tráfico y la producción contaminante en gran parte del continente durante el año pasado, la polución aérea se mantiene en niveles preocupantes. Así, al menos, lo indican los datos recogidos durante los años 2019 y 2020 por la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA por sus siglas en inglés). Ni siquiera el masivo confinamiento efectuado durante varios meses ha podido reducir de forma considerable la contaminación ambiental, lo que ofrece una perspectiva preocupante acerca de un problema que se prevé solucionar durante los próximos años. 

Según este informe, tan solo 127 ciudades de las 323 analizadas (una cifra que se sitúa alrededor del 40%) por la Agencia Europea del Medio Ambiente logran situarse por debajo del nivel máximo de partículas finas (conocidas como PM 2.5) establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Esta clase de contaminación acaba prematuramente con la vida de 400.000 personas al año en el continente europeo, según datos de la EEA. La relación de la calidad del aire con el impacto humano es evidente: en las ciudades de Europa del Este, donde el carbón aún mantiene su rol principal como mayor fuente energética, la contaminación se torna extrema. Es el caso de Nowy Sącz, una ciudad del sudeste de Polonia que hoy ocupa el último puesto del ranking elaborado a raíz de estos datos.

El coste económico relativo al impacto de la contaminación aérea en la salud de los europeos se calcula en 940 billones de euros al año

Solo una ciudad española, Salamanca, entra dentro de las 10 ciudades menos contaminadas de Europa. A pesar de la mejora experimentada durante los últimos diez años en torno a la calidad del aire que respiramos, lo cierto es que aún quedan múltiples aspectos que mejorar en Europa. Más allá de lo estrictamente sanitario, y según los datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, el coste económico del impacto en la salud de los europeos se calcula en 940 billones de euros al año: obliga a acudir más al médico, a tomar más bajas laborales o incluso a no poder trabajar. Los núcleos urbanos están obligados, por tanto, a un cambio que afecta a su propia concepción. Mantenernos en el estado en que nos mantenemos hoy solo convertirá las ciudades en espacios hostiles para la salud física y mental de cada uno de sus habitantes. 

Un futuro de color verde

Por este motivo, según Dogan Öztürk, de la EEA, «el Pacto Verde Europeo sitúa nuevas prioridades para las ciudades con la ambición de polución cero». Para la Unión Europea las ciudades del futuro han de ser sostenibles y respetuosas con el medio ambiente en todos los sentidos. Por eso, destacan la configuración orgánica de la ciudad que está por venir: una mezcla de espacios urbanos y verdes, combinando así de la mejor forma posible las esencias urbanas y aquellas que uno solo puede encontrar en la naturaleza. 

Esta clase de contaminación acaba prematuramente con la vida de 400.000 personas al año en el continente europeo

Uno puede imaginar que esto responde tan solo a la ampliación de espacios verdescomo parques. Pero nada más lejos de la realidad. Incluso los edificios son algo que debe cambiar. Un ejemplo es el proyecto Lugo+Biodinámico. El acero y el hormigón no son ingredientes a tener en cuenta en la construcción del futuro, ya que son ineficientes —cuentan con un fuerte porcentaje de emisiones de dióxido de carbono en todo el continente— en el ámbito energético. En este ejemplo se prevé, así, el uso de madera noble en los edificios lucenses, lo que representaría un paso adelante dentro de la arquitectura ecológica. A esto también se sumarían cambios a nivel urbanístico, algo ejemplificado con la futura gestión del agua no apta para consumo, reciclada en la medida de lo posible.

Las perspectivas son múltiples, como demuestran los proyectos de implementación de tejados verdes —es decir, tejados con la presencia no solo de paneles solares, sino también de jardines—, las plataformas de limpieza y aprovechamiento de las precipitaciones, las granjas urbanas o las zonas de tránsito regionales monopolizadas por las vías ferroviarias. A ello se añaden otros factores: monitorización medioambiental, la preferencia por edificios no excesivamente altos, el uso de productos locales o el intento de evitar la aplicación de sistemas de irrigación. Las ciudades parecen ser llamadas, por tanto, a convertirse en protagonistas de una revolución total en la planificación urbana, con una enorme cantidad de factores interrelacionados que, no obstante, se hallan unidos por un solo hilo: el de la absoluta eficiencia en cada uno de los recursos.

El agua parecía infinita. Los ríos recorrían, incansables, su curso y creíamos que bastaría con abrir un grifo para que el río desembocase siempre en un vaso. Al menos, así ha sido hasta ahora en aquellos países que aún pueden permitirse el lujo de seguir accediendo a este recurso esencial para la vida, puesto que, como advierte el ránking de riesgos del World Resources Institute, ya hay nueve países en riesgo de sufrir una grave escasez de agua: Bahréin, Kuwait, Palestina, los Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Omán y el Líbano deben asumir que pronto se verán obligados a enfrentarse a largos periodos de ausencia de lluvias y repentinas precipitaciones momentáneas capaces de provocar graves inundaciones. No hay término medio en la desertificación.

A nivel mundial, ya hay casi 40 países que se encuentran en un riesgo máximo de escasez de agua, y España no se queda lejos de estas predicciones: las previsiones apuntan hacia un 40-80% de los depósitos afrontarán dificultades para suministrar agua a los habitantes en los próximos años. De hecho, en 2040, una quinta parte del mundo padecerá agudos recortes en el suministro del agua.

Casi 40 países en el mundo se encuentran en riesgo máximo de escasez de agua

¿Nos encontramos ante una nueva pandemia (climatológica)? Las Naciones Unidas no tienen reparo alguno en afirmarlo. «La sequía está a punto de convertirse en la próxima crisis mundial, y para esta no existe una vacuna», aseguraba Mami Mitzouri, representante del Secretario General para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas, en el informe Análisis especial sobre la sequía 2021. «La humanidad ha convivido con la sequía durante 5.000 años, pero esto es distinto. Nuestras actividades están exacerbando e incrementando el impacto más allá de lo que el planeta puede soportar».

Los cambios en las frecuencias de las lluvias –en España, por ejemplo, llueve menos que hace 50 años–, la gestión ineficiente de los recursos hídricos, la degradación del suelo a causa de la ganadería extensiva, la deforestación, el uso de pesticidas y la explotación de agua para la producción agrícola son los principales detonantes de este problema. Al menos un millón y medio de personas, según las Naciones Unidas, se han visto afectadas por la sequía durante este siglo; un daño que se traduce en un coste económico de más de 124.000 millones de euros, un resultado, no obstante, estimado, ya que no incluye el precio exacto que los países más vulnerables y empobrecidos deberán pagar por el cambio climático, a pesar de tener menos responsabilidad su incremento que sus vecinos más ricos. En 2018, estima el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC), más del 16,1% de migraciones estuvieron relacionadas con el clima. Y en las próximas décadas, hasta 60 millones de personas se verán obligadas a abandonar el África Subsahariana debido a la desertificación.

Una vacuna contra la escasez de agua

La desertificación es un punto de no retorno al que nadie debe llegar y en el que incide especialmente el ODS 15. Nuestra última crisis, la provocada por el coronavirus, ha demostrado que las respuestas para socorrer a los países vulnerables llegan tarde, un error que la humanidad no puede volver a permitirse, especialmente en algo tan crítico como la sequía, capaz de provocar daños irreversibles en su subsistencia agrícola y ganadera ampliando, en consecuencia, la sombra de la inseguridad alimentaria que lleva años sobrevolando a sus poblaciones. «Si queremos acabar con la pobreza y garantizar un mundo justo, es un imperativo poder gestionar los impactos de la variabilidad climática extrema en los países en vías de desarrollo», declaraba ya en 2016 el Banco Mundial.

La inversión internacional pública debe empoderar a los países más vulnerables en la resiliencia contra la sequía

La inmunización contra la sequía es urgente. Por ello, el mapeo de las zonas de alto riesgo de sequía, la mejora de las tecnologías para el cultivo agrícola, el incremento de la fertilidad de los suelos y el cultivo de árboles a las granjas locales se presentan como medidas rápidas y directas capaces de marcar la diferencia en estos territorios. Sin embargo, la ciencia debe venir acompañada la inversión internacional pública para empoderar a los países más vulnerables en la resiliencia a través del aumento de la protección social de las comunidades locales, el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza que no dañen los ecosistemas, servicios financieros que permitan desarrollar estudios de análisis de riesgo y marcos colaborativos que aúnen a agentes públicos, privados y civiles bajo el mismo paraguas permitiendo conocer todas las necesidades para dar lugar a un cambio sistémico.

En el ámbito más social, en las profundidades de un mar de cientos de medidas, es fundamental, como defienden las Naciones Unidas, establecer –y, si ya existen, mejorar– todas aquellas estrategias que promuevan el ahorro de agua, la sostenibilidad del territorio y la protección del medio ambiente. «Los sistemas para prevenir los principales riesgos de la sequía permiten evitar otros más complejos que puedan derivar de ella, incluyendo la amenaza del cambio climático. Es posible reducir el riesgo de desertificación si nos esforzamos en entender su naturaleza compleja y buscamos medidas adaptativas para afrontarla», concluyen los expertos de las Naciones Unidas. Una acción coordinada capaz de reducir al mínimo los efectos de una crisis, de nuevo, inminente.

El mar se presenta como uno de los principales atractivos turísticos del mundo, dando la costa múltiples oportunidades para las actividades recreativas más variadas. Es un paisaje completamente distinto al conglomerado urbano al que está acostumbrada la mayoría de la población. Especialmente en verano, la costa se convierte en un lugar en el que se busca la tranquilidad, la diversión y la evasión de los problemas cotidianos. Sin embargo, el mar podría ser una de nuestras principales preocupaciones este siglo.

Uno de los efectos más preocupantes de la subida de la temperatura global es la expansión de las masas de agua oceánicas y el deshielo de los casquetes polares, habiendo aumentado el nivel del mar hasta 20 centímetros en algunas zonas desde 1900. Esto afecta principalmente a las playas, costas y poblaciones que viven en asentamientos cerca del mar. Para 2050 podrían ser 300 millones de personas los afectados por esta subida, con apenas un aumento en altura de 20-30 centímetros; y en 2100 podría superar la barrera de los 400 millones y los 100 cm. Aunque consiguiéramos frenar de golpe las emisiones de gases de efecto invernadero, la inercia frente al cambio que muestran los fenómenos climáticos haría que aun así el mar subiera otro medio metro durante este siglo.

600 millones de personas, el 10% de la población mundial, vive en zonas costeras por debajo de los 10 metros sobre el nivel del mar

En total, 600 millones de personas, el 10% de la población mundial, vive en zonas costeras por debajo de los 10 metros sobre el nivel del mar. El país con más población amenazada por este problema antropogénico es China con más de 90 millones de personas afectadas. Y en el caso de España podría tener que reubicar a más de 2 millones de personas. 

Medidas para paliar el impacto de la subida del mar

Ante esta amenaza, el pasado mes de junio Dinamarca anunció la aprobación de un proyecto para construir una isla artificial que albergará a 35.000 personas. No es un recurso turístico o una simple ampliación de fronteras: es una medida que trata de dar solución a los problemas a los que se enfrentará el país debido a la subida del nivel del mar este siglo. El 17% de la población de Dinamarca podría perder sus hogares en los próximos años bajo las aguas y el Gobierno ha decidido comenzar a elaborar una solución antes de que ese momento llegue. 

En España, hasta 2 millones de personas podrían verse afectadas por la subida del nivel del mar

Dinamarca no es el único país que se ha planteado este tipo de solución—otros incluso ya la han llevado a cabo. Kiribati, un archipiélago ubicado en el Pacífico con 100.000 habitantes también planteó en 2011 una solución similar: plataformas flotantes en forma de anillo donde la población esté a salvo ante este fenómeno. Esta podría ser la solución para otras naciones asiáticas y oceánicas como Tonga, la Maldivas o la Isla de Cook. En el caso de Las Maldivas, en un intento también por desarrollarse económicamente, son varias las ocasiones en las que han construido nuevas islas, como Hulhumalé. Esta isla fue inaugurada en 2004 y en 2019 ya estaba habitada por 50.000 personas, aunque se estima que albergue hasta 240.000. Con estos métodos estas regiones tratan de mantener y fomentar el turismo del que viven actualmente, mientras luchan contra el cambio climático, ya que adaptación y desarrollo económico van de la mano. Y es que la subida del nivel del mar provocará grandes pérdidas económicas, que incluso ya se están haciendo notar en algunos sectores: los precios de la vivienda en zonas cuya afectación por la subida es innegable ya ven cómo el precio de sus viviendas se devalúa: es el caso de Florida, en Estados Unidos, con pérdidas de hasta 14.000 millones de dólares.

Iniciativas innovadoras como las islas artificiales no son nuevas, a lo largo de la historia encontramos otros ejemplos como las islas flotantes del Titikaka, donde vive el pueblo de los Uros, en Perú; o la predecesora de México D.F., Tenochtitlan, isla que habitaban 250.000 personas y estaba rodeada de otras islas artificiales. 

En lo concerniente a las islas artificiales contemporáneas, existen proyectos futuros para hacer de ellas un medio ecológicamente equilibrado y con menor impacto ambiental, como el Lylipad de Vicente Callebaut (proyecto diseñado para recibir refugiados climáticos), o el proyecto BioHaven, donde balsas de plástico reciclado podrían ser repobladas y ubicadas en humedales y pantanos. Sin embargo, estas medidas no están exentas de críticas debido al posible impacto ecológico que este tipo de construcciones pueden conllevar por las cantidades de arena que deberían movilizarse para llevarlas a cabo. Por ello, medidas adaptativas como la construcción de estas islas artificiales siempre deben ir acompañadas de un exhaustivo estudio de impacto ambiental para evitar que la solución se convierta en un nuevo problema.

Panamá ha podido demostrar su firmeza en la conservación ambiental durante el pasado mes de junio. La protección de sus mares no solo es una victoria nacional; es, ante todo, una victoria de la humanidad. Al fin y al cabo, el país centroamericano ha decidido crear una reserva marina que prácticamente iguala —la cifra se sitúa alrededor del 90%— la superficie terrestre del país. La zona protegida, un espacio rico en recursos pesqueros, es también un importante punto de encuentro para la multitud de especies marinas que pueblan los fondos acuáticos. Junto con las reservas marinas establecidas por Colombia, con las cuales comparte sus zonas limítrofes, la zona es de facto la tercera reserva marina más grande del área tropical del Océano Pacífico.

Los océanos captan alrededor del 30% del dióxido de carbono liberado a la atmósfera

La nación panameña, junto con la ayuda del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, cumple así con dos objetivos fundamentales para su porvenir: proteger la fauna y flora amenazadas y preservar unos recursos pesqueros considerados críticos en cuanto a su importancia. La reserva —ampliada desde los más 17.000 kilómetros cuadrados establecidos en 2015 a casi 70.000— incluye hasta nueve cadenas montañosas marinas conocidas como la Cordillera de Coiba en las que habitan numerosas especies: tortugas, tiburones, ballenas, peces vela. Al fin y al cabo, las cordilleras submarinas son uno de los elementos físicos más relevantes no solo para la biodiversidad, sino que su protagonismo incluye otros fenómenos bien distintos, como es la generación de movimientos de corrientes. La zona, de hecho, incluye actualmente especies exclusivas de las más hondas profundidades que, por ello, aún son desconocidas para la ciencia a causa de la gran dificultad para estudiarlas.

La ampliación de la reserva eleva a alrededor de un tercio el total protegido relativo al territorio marino panameño

En el área protegida se prevé también establecer un sistema de monitoreo, control y vigilancia de la pesca ilegal, así como la promoción de la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales —véase, por ejemplo, la práctica de pesca selectiva— para disminuir la incidencia humana en los distintos hábitats. El mar, además, es particularmente importante para un país como Panamá, considerado como uno de los puntos neurálgicos del comercio mundial a causa de su posición geográfica. Casi 5.000 barcos cruzaron la vía interoceánica —el canal de Panamá— durante 2019, el último año en que los datos no fueron alterados debido al impacto de la pandemia. Este tráfico ininterrumpido puede ser particularmente dañino en el caso de las naves petroleras y los pesqueros internacionales, algunos de los cuales realizan capturas de múltiples especies con redes de cerco, hoy consideradas ilegales. Desde el mes pasado, no obstante, la ampliación de la reserva eleva al 30% el total protegido relativo al territorio marino panameño. Aún queda, eso sí, implementar diversas acciones, algo por lo que el gobierno panameño continúa manteniendo conversaciones con diversos organismos internacionales.

Una oportunidad para las reservas marinas en España 

Tal como explicaba a El País el chileno Maximiliano Bello, conservador de la organización Mission Blue, «si cada país hiciera su parte, como lo hace Panamá, se podría proveer de un mejor futuro a estos ecosistemas marinos». Y en realidad, efectivamente, esto debería ser la norma: hasta 196 países han llegado a ratificar el Convenio sobre la Diversidad Biológica promovido por las Naciones Unidas.

En el caso de España, por ejemplo, no hay una reserva de un tamaño similar al de la panameña, sino más bien múltiples reservas de menor extensión. Véase, por ejemplo, la reserva almeriense de Cabo de Gata-Níjar, que cuenta con cuarenta y seis kilómetros cuadrados. La zona marina más protegida del territorio nacional, de hecho, cuenta con poco más de 700 kilómetros cuadrados y se halla localizada al norte de la isla de Lanzarote y alrededor de la isla de la Graciosa. Más allá del efecto que esto puede tener en las aguas españolas, lo cierto es que estas áreas repercuten en toda la estrategia medioambiental del planeta, al igual que si se tratase de sucesivas fichas de dominó: los océanos captan alrededor del 30% del dióxido de carbono liberado a la atmósfera.

 
Así, España, a pesar de ser el país con más Reservas de la Biosfera del mundo, contiene poco más de 1.000 kilómetros cuadrados de reservas acuáticas. Esto deja entrever una oportunidad para proteger aún más nuestros mares. De ello parece ser consciente el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuya promesa de declarar nueve áreas marinas nuevas protegidas antes de 2024 se antoja hoy más necesaria que nunca.

Australia ardió durante meses entre junio del 2019 y mayo del 2020. La temporada de huracanes del pasado año (entre mayo y noviembre) se cebó con la región del Atlántico hasta tal punto que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) tuvo que tirar de letras del alfabeto griego para denominar a los ciclones, tras quedarse sin nombres en la lista (fue el año en el que más huracanes se formaron desde que se tienen registros). En ese mismo año, China e India sufrieron intensas inundaciones durante la temporada de monzones por las ingentes cantidades de lluvia… La lista podría continuar, pero con esto queda suficientemente claro que las catástrofes climáticas son cada vez más fuertes y frecuentes, y ninguna zona del planeta parece librarse de ellas. 

En los últimos 30 años los fenómenos naturales extremos se han triplicado

En los últimos 30 años este tipo de fenómenos naturales se ha triplicado, según los datos de Oxfam. Uno de los grandes culpables de esto es el cambio climático. La presión a la que los seres humanos hemos sometido al planeta afecta a la temperatura global y altera los patrones de precipitación. Estos cambios tienen consecuencias, que se traducen en tormentas, ciclones, huracanes, incendios, inundaciones, sequías, … Su frecuencia e intensidad son cada vez mayores y los expertos vaticinan un aumento de este tipo de desastres naturales. 

Según las previsiones del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), las distintas regiones del mundo pueden sufrir diferentes cambios climáticos. Por ejemplo, en América del Norte, es posible que disminuya la capa de nieve en las montañas occidentales; en África, que aumente la sequía; Asia puede experimentar más inundaciones; lo mismo en las zonas costeras de Europa (por el aumento del nivel del mar), además existir un riesgo de mayor erosión por tormentas.

El Mediterráneo, zona roja

Aunque ningún lugar del planeta se salva, el Mediterráneo es, según un reciente estudio realizado por Jorge Olcina de la Universidad de Alicante, una de las regiones donde estos problemas se harán cada vez más evidentes. Sobre todo, en el litoral. “Los extremos atmosféricos del clima de esta zona suponen un reto para la ordenación territorial y, en particular, para la planificación del ciclo urbano del agua. Las ciudades mediterráneas deben estar preparadas para soportar meses de escasa precipitación y, en sentido contrario, para aguantar lluvias torrenciales que originan anegamientos e inundaciones”, rezan las conclusiones del trabajo. Desastres climáticos que, a diferencia de otras épocas, no se pueden esperar en un periodo determinado del año, es decir, pueden ocurrir en cualquier momento. 

Los extremos atmosféricos del clima en el Mediterráneo “suponen un reto para la ordenación territorial y la planificación del ciclo urbano del agua”

Por ello, el autor del estudio considera necesaria una eficaz planificación urbana en la que serán necesarias la construcción de colectores de agua pluvial de gran capacidad, la adecuación de los sistemas tradicionales de alcantarillado a lluvias intensas, la creación de espacios públicos —como parques o explanadas— que sean indudables, y un sistema efectivo de alerta a las poblaciones que vivan en zonas con riesgo a inundaciones. 

“Las soluciones a esta cuestión deben plantearse y desarrollarse sin dilación para minimizar los impactos actuales de eventos de lluvia abundante y de intensidad horaria. Pero, además, estas condiciones tenderán a agravarse si se cumplen las previsiones de los modelos de cambio climático para el ámbito Mediterráneo, al prever un incremento en los episodios de precipitación intensa. Un aspecto que ya se manifiesta en los últimos años y que está originando elevados daños económicos y víctimas humanas en este sector peninsular”, concluye el estudio. 

El clima es, para Europa, la última gran frontera. Al menos, este es el horizonte más cercano que se puede vislumbrar desde Bruselas. La propuesta de la Comisión Europea, aprobada oficialmente el pasado jueves 24 de junio por el propio parlamento, busca convertir los objetivos del Pacto Verde Europeo en fines legalmente vinculantes. Es decir, que la búsqueda de una sociedad climáticamente neutra —no liberar más gases de efecto invernadero de los que se pueden absorber— en 2050 es, hoy, un compromiso que se debe cumplir a ojos de la ley, dejando atrás la voluntariedad que habitualmente definía este tipo de acciones. Es lo que ya se conoce como Ley Europea del Clima, en la cual han llegado a participar incluso los propios ciudadanos (con hasta casi 1.000 contribuciones particulares).

La Ley Europea del Clima marca un nuevo hito con la nueva obligatoriedad de los límites y objetivos asentados en el Pacto Verde Europeo

«Celebro con gran satisfacción la conclusión de esta última fase de la adopción de la primera ley climática de la UE, que establece en la legislación el objetivo de neutralidad climática para 2050», expresaba la pasada semana João Pedro Matos Fernandes, ministro portugués de Medio Ambiente y Acción por el Clima. Para el continente es una conquista que marca un antes y un después en una batalla que ya se antoja dura: en menos de nueve años, la Unión Europea debe reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% respecto a los niveles de 1990. A todo ello se suma, además, un objetivo intermedio fechado para 2040 y, si bien aún sus cifras y metas están pendientes de hacer públicas, tal parada en el camino parece concebirse como una etapa de transición (así como, un termómetro de la situación) hacia la neutralidad que se debe alcanzar en 2050. Es por esta serie gradual de pasos por la que hoy se reconoce, a su vez, la necesidad de aumentar los sumideros de carbono en todo el continente. Así, se prevé promover una legislación más ambiciosa, preparándose ya proposiciones en este campo para el verano de este mismo año. 

Según reza la nueva ley, cada cinco años se examinarán los progresos registrados, en consonancia con el balance mundial del Acuerdo de París. De hecho, en una fecha tan cercana como 2023, la Comisión Europea evaluará la coherencia de las medidas nacionales y de la Unión con la meta de cumplir con la trayectoria de la forma más directa y sencilla posible. Cabe recordar que, de hecho, desde enero de este mismo año los Estados miembro de la Unión Europea participan en el programa CORSIA, un plan de compensación de carbono centrado en el recorte de emisiones derivado de la aviación internacional. En julio de este mismo año se prevé que la Comisión proponga revisar con celeridad todos los instrumentos políticos pertinentes para poder cumplir, así, las reducciones adicionales de emisiones para 2030.

En menos de nueve años, la UE debe reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% respecto a 1990

Esta nueva legislación, no obstante, tiene un objetivo evidente: garantizar que la transición hacia la neutralidad climática sea irreversible, ofreciendo así, además, una mayor previsión a los inversores y al resto de potenciales agentes económicos. Las ambiciones continentales, por tanto, son inéditas. La ley muestra incluso la existencia de un compromiso a favor no solo de la neutralidad, sino de las emisiones negativas a partir del año 2050. Otras de las disposiciones que prevén ayudar a la consecución de todas estas metas, además de la aplicación de políticas más estrictas, es la creación de un consejo científico consultivo de carácter continental, que proporcionaría asesoramiento científico independiente acerca del cambio climático y sus efectos. 

Según resumen desde Europa, esta ley «se focaliza en la efectiva transición alrededor de una sociedad próspera y justa, con una economía moderna, competitiva y eficiente en la gestión de los recursos». No obstante, esto no es algo que pueda lograr el poder ejecutivo europeo de una forma aislada. Es por ello que se prevé una colaboración activa con los sectores de la economía que opten por elaborar hojas de ruta voluntarias indicativas para alcanzar el objetivo de neutralidad climática en menos de tres décadas.
Fran Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde Europeo, ya aseguró hace días que con esta nueva ley el continente «estará liderando el mundo no solo con palabras». Para el político neerlandés, la legislación es un gran paso adelante gracias a la disciplina que proporciona, ya que ahora los límites fijados en la propia legislación, lógicamente, serán obligatorios. Y si bien es consciente de que las metas climáticas promoverán discrepancias políticas, también avisa de que «esto no es el final, no es ni siquiera el principio del fin. Esto es, en el mejor de los casos, el final del principio».