Categoría: Cambio climático

El compromiso de la Unión Europea (UE) con el clima, lejos de resquebrajarse por la pandemia, parece haberse fortalecido en los últimos meses. Con un presupuesto de 1,8 billones de euros, la UE ha elaborado su plan de reconstrucción entorno al European Green Deal o Pacto Verde Europeo. Consolidado en 2019, este gran proyecto a largo plazo se plantea como el plan para construir una sociedad «sana, sostenible y próspera con una economía resiliente que trabaje para las personas y la naturaleza», a través de la creación de nuevos empleos verdes, de la restauración de la biodiversidad, de relanzar una industria sostenible y transitar hacia un modelo de economía circular, entre otros objetivos.  Este año supone el pistoletazo de salida para una etapa completamente nueva en la que Europa pretende alcanzar la neutralidad climática para 2050, pero ¿por dónde empezar? 

Del mismo modo que la colaboración ha sido la única forma de conseguir una vacuna en tiempo récord, la UE entiende que, si queremos lograr una transformación real, debemos remar en la misma dirección. Con esta idea y en el marco del European Green Deal, el pasado mes de diciembre se lanzó el Pacto Europeo por el Clima, una iniciativa que anima a todos los actores de la sociedad civil a unirse a la lucha climática. «El Pacto Europeo por el Clima reunirá a quienes quieran tomar medidas por nuestro planeta. Con el Pacto, queremos ayudar a todas las personas en Europa a actuar en su vida cotidiana y darles la oportunidad de participar en la transición verde e inspirarse mutuamente. Cuando se trata de abordar el cambio climático, cualquiera puede actuar y contribuir», afirma el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans.

Esta gran plataforma abierta y en constante evolución pretende fomentar el intercambio de información, el debate y las acciones concretas para apoyar a empresas, gobiernos locales, industrias y ciudadanía en la transformación verde de Europa. En su primera etapa, los esfuerzos se centrarán en cuatro grandes áreas que, según recoge la propia web de la Comisión Europea, «ofrecen beneficios inmediatos no solo para el clima y el medio ambiente, sino también para la salud y el bienestar de los ciudadanos»: zonas verdes, transporte verde, edificios eficientes y habilidades verdes.

Más zonas verdes para combatir el cambio climático

Los árboles son la máquina perfecta en la lucha contra el cambio climático: absorben CO₂ y expulsan oxígeno. Por ello, la UE planea plantar al menos tres millones de árboles para 2030. También se impulsan iniciativas como la herramienta Ciudad Verde, que permite a cualquier ciudad autoevaluar su grado de sostenibilidad ofreciendo información, guías y consejos para reinventar el urbanismo en su versión más verde; o el programa LIFE, que este año recibe un 37% más de fondos para poner en marcha 120 proyectos nuevos dirigidos a la restauración medioambiental de Europa.

El impulso del transporte sostenible

La movilidad es una de las áreas que se han visto más afectadas por la pandemia. Un hecho que ha propiciado la aparición de nuevas tendencias, como el resurgir de las bicicletas en muchas ciudades europeas, que plantean la situación actual como un buen punto de partida para reinventar la movilidad de forma sostenible. Este año 2021 ha sido declarado por la Unión Europea como el Año Europeo del Ferrocarril, una iniciativa que pretende estimular la utilización de un medio de transporte electrificado y que apenas representa el 0,4% de las emisiones generadas por el transporte en la UE —que suponen un 25% sobre el total—. Además, esta declaración coincide con la implementación del cuarto paquete ferroviario que busca construir un Espacio Ferroviario Europeo totalmente integrado.

Edificios inteligentes y más eficientes

El temporal Filomena en España ha destapado algunas carencias energéticas y de confort de los hogares. Frente a un futuro en el que presumiblemente pasaremos más tiempo en nuestras casas y en el que los fenómenos extremos proliferarán, el aprovechamiento energético y la reinvención del espacio son dos prioridades clave. 

Según datos de la Comisión Europea, actualmente cerca del 75% del parque de edificios es ineficiente desde el punto de vista energético. Una cifra que pretende revertir mediante la iniciativa Ola de Renovación, que tiene como objetivo rehabilitar 35 millones de edificios para 2030. Por otro lado, se ha puesto en marcha el diseño de la Nueva Bauhaus Europea, un espacio de encuentro para reinventar los espacios para las nuevas formas de vida con la tecnología y la sostenibilidad como pilares.

Nuevos empleos con habilidades verdes

El trabajo se ha llevado una de las peores partes de la pandemia con más de 360.000 empleos destruidos solo en España. Sin embargo, la transformación ecológica, por la que está apostando Europa en su reconstrucción, abrirá nuevas oportunidades que necesitarán una importante fuerza laboral para salir adelante. En este marco, el fomento de capacidades verdes que respondan a las necesidades de estos nuevos empleos será prioritario.

Así, en 2021 la Agenda Europea para las Capacidades arranca con el Pacto por las Capacidades, una iniciativa que pone en común a empresas, trabajadores y gobiernos para profundizar en el desarrollo de habilidades ecológicas y empezar a crear un ecosistema europeo de industrias y empleos verdes. Además, el Fondo Social Europeo se centrará en la recapacitación de aquellas personas a las que reinventarse o acceder al mercado laboral les resulte más difícil. Un proyecto que tiene como objetivo formar a cinco millones de personas.

El 20 de enero la Casa Blanca estrenaba nuevo huésped y, con él, se dejaban atrás cuatro años de negacionismo climático y políticas controvertidas tanto a nivel nacional como internacional. La llegada al despacho oval del demócrata Joe Biden parece querer dejar atrás una legislatura perdida para la Agenda 2030 y la vuelta a un liderazgo con foco en la lucha contra el cambio climático. Algo que, para Miranda Massie, directora del Museo del Clima de Nueva York, es una «obligación moral» de Estados Unidos para con el mundo: «Somos el mayor emisor del planeta y, por eso, deberíamos liderar la lucha contra una emergencia climática que es el marco bajo el que se producen las peores crisis raciales, de justicia social y de igualdad de la historia», sentencia. Y la Administración de Biden y Kamala Harris, a priori, parece incorporar el cambio climático como eje vertebrador de las políticas y del futuro de su país.

Nada más tomar posesión del nuevo cargo, Biden ha dado la orden de dar marcha atrás a la retirada del Acuerdo de París –impulsado por Barack Obama y abandonado por Donald Trump a finales del año pasado– mostrando un nuevo compromiso adquirido con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero, ¿cuál será el camino a seguir por la Administración Biden?

El clima como eje transversal

El primer paso que dio el nuevo presidente –incluso antes de su llegada a la Casa Blanca– de cara a su compromiso climático fue el nombramiento de algunas de las caras visibles de su gabinete, como el secretario de Estado de la era Obama, John Kerry, como enviado especial de Estados Unidos para el clima. De esta manera, se eleva el cambio climático a un puesto ministerial que no será asumido sin desafíos nacionales e internacionales. Pero, según el New York Times, la ambición climática del nuevo presidente no se queda solo ahí: toda persona que ocupe un puesto en su Administración, aseguran, debe cumplir un requisito fundamental, que es incluir la emergencia climática entre sus principales preocupaciones.

Con esto dicho, en los próximos meses se prevé que Biden priorice la inversión en energías renovables. Las primeras, junto a toda empresa o sector ligado al clima –eléctricas, transporte o infraestructuras sostenibles– tendrán un empujón desde Washington: serán piezas clave del paquete de estímulos para superar la crisis económica en la que el coronavirus ha sumido al país –y al mundo–. 

Compromiso con la descarbonización

Al contrario que Trump, Biden es un arduo defensor de la reducción de emisiones de CO₂. Su programa electoral asegura su compromiso con la descarbonización, que quiere impulsar desde el primer día en la Casa Blanca. Además, su intención es que todos los ciudadanos dispongan de una electricidad proveniente de fuentes 100% renovables para 2035 y que la economía y el país esté descarbonizada por completo para 2050. El impulso de los trenes de alta velocidad y las infraestructuras sostenibles –rehabilitación de edificios, creación de nuevas plantas eólicas y solares, etc.– estarán en el centro de las políticas medioambientales del nuevo presidente. La movilidad sostenible también llegará a los hogares en forma de incentivos para sustituir el parque móvil estadounidense por vehículos eléctricos. 

La estrategia de Biden se basará, en definitiva, en las inversiones millonarias, directas e indirectas, en tecnologías renovables, en sustitución de energías contaminantes por otras que reduzcan las emisiones o la adaptación de infraestructuras y edificios a los fenómenos extremos provocados por el cambio climático. Detrás de todo este plan se encuentra la palabra oportunidad: la nueva Administración quiere convertir uno de los mayores desafíos de la humanidad en una oportunidad para, como ya ocurrió en su momento con el New Deal de Roosevelt, impulsar el crecimiento económico y el empleo en Estados Unidos. Por el momento, solo queda ver hasta qué punto el nuevo presidente es capaz de ejecutar ese ambicioso plan, que sin embargo para muchos activistas climáticos sigue siendo insuficiente. 

El año 2019 nos queda ya muy lejos. Especialmente después de estos doce últimos meses donde el coronavirus ha sido el protagonista. Sin embargo, de ese año previo a que todo cambiara todavía salen a la luz noticias realmente llamativas. En 2019 Europa fue testigo de la mayor y más drástica caída de emisiones de dióxido de carbono, que se desplomaron más de un 24% en comparación con los niveles registrados en 1990. Fue el nivel más bajo en tres décadas, tal y como anunció a finales de 2020 la Comisión Europea en su Informe Anual de situación sobre la acción por el clima, que trata de los avances de la Unión Europea en la reducción de las emisiones en 2019. 

Los resultados de este estudio demuestran que ser más verdes y mantener a la vez el crecimiento de la economía es completamente factible. Si se comparan los números con 2018, veremos que en 2019 la caída interanual en la producción de gases de efecto invernadero en los 27 estados-miembros fue de un 3,7%, mientras que el PIB creció un 1,5%. En palabras de Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo responsable del Pacto Verde Europeo: “La Unión Europea está demostrando que es posible reducir las emisiones y hacer que crezca la economía. No obstante, el informe confirma una vez más que debemos intensificar nuestros esfuerzos en todos los sectores de la economía para alcanzar nuestro objetivo común de neutralidad climática de aquí a 2050”. 

Para elaborar una estrategia realista es importante analizar las emisiones cubiertas por el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE UE), el principal mercado de carbono del mundo y el de mayor tamaño. El RCDE establece la cantidad total, sujeta a un límite máximo, de determinados gases de efecto invernadero que pueden emitir las instalaciones contempladas en el régimen. Dentro de este límite, las empresas reciben o compran derechos de emisión con los que comerciar en función de necesidades y, al final de cada año, entregan suficientes derechos para cubrir todas sus emisiones. En caso contrario, se les imponen fuertes sanciones.

Este sistema, calificado como un hito de la política europea de lucha contra el cambio climático, consiguió registrar la mayor reducción en 2019 con un descenso del 9,1% de emisiones, es decir, alrededor de 152 millones de toneladas de dióxido de carbono. Uno de los principales responsables fue el sector eléctrico que, gracias a la sustitución del uso del carbón para la calefacción por electricidad procedente de fuentes renovables y gas, redujo sus emisiones en un 15%. La industria, por otro lado, solo alcanzó el 2% de reducción y las emisiones de la aviación siguieron creciendo, aunque moderadamente: aumentaron un 1%, es decir, alrededor de 0,7 millones de toneladas equivalentes a CO₂ en comparación con 2018.

Por otro lado, las emisiones no contempladas en el RCDE UE, tales como las procedentes de la industria no sujeta a ese régimen, el transporte, los edificios, la agricultura y los residuos no sufrieron cambios significativos con respecto a los niveles de 2018, ni para bien ni para mal. Teniendo estos últimos datos en cuenta, la transición verde, indica Timmermans, solo es viable si aprovechamos las oportunidades de recuperación económica post-Covid para relanzar una economía más verde y resiliente. 

El coronavirus como herramienta de aprendizaje

La pandemia provocada por el coronavirus apunta a una caída sin precedentes en las emisiones, según la propia Comisión Europea, estimando una reducción de las emisiones globales en un 8%, en comparación con 2019. Aunque ya hemos sido testigos de algunas caídas de gases efecto invernadero fruto de las restricciones de movilidad para frenar los contagios, falta saber de qué forma se han visto afectados los derechos de emisión en la Unión Europea, unas cifras que no conoceremos hasta finales de 2021. 

Mientras esperamos esos resultados podemos tomar nota de las vivencias económicas y sociales durante los meses más duros de la pandemia que han evidenciado la necesidad de un sistema más verde, inclusivo y justo para evitar consecuencias similares a las provocadas por el coronavirus en el futuro. De hecho, en julio de 2020, la Comisión Europea aprobó que el paquete de recuperación económica 2021-2027 destinara un 30% de los fondos (más de un billón de euros) a apoyar a los países de la UE en los retos de sostenibilidad y el fomento de los trabajos verdes para garantizar una mejor competitividad, especialmente en las áreas de renovación de edificios, energías renovables, movilidad limpia y la integración del sector de la energía. 

España, por ejemplo, se consolidó en 2020 como el tercer mayor emisor de bonos sostenibles de Europa -intentos de captar fondos de los inversores con una devolución completa (con intereses) posterior- tan solo por detrás de Francia y Holanda. Nuestro país llegó a incrementar las cifras nacionales de estas emisiones hasta en un 97% anual en el primer trimestre de 2020, alrededor de 9.000 millones de euros en bonos verdes. En el futuro de 2021 estas inversiones apuntan a convertirse en protagonistas: el Tesoro español prevé emitir bonos verdes, algo que hará crecer aún más el interés en este tipo de emisiones para cumplir con los compromisos de sostenibilidad. 

Dicen los expertos que uno de los mejores trucos para ahorrar es controlar los gastos mensuales y saber cuánto destinamos a cada factura. Seguro que, sin pensarlo mucho, sabes cuánto pagas de alquiler, cuánto sueles gastar en ocio o qué parte de tu sueldo va destinado a cubrir tu consumo de Internet, agua o luz. Pero, ¿sabes cuánto te cuesta la contaminación atmosférica? Según los cálculos de la Alianza Europea de Salud Pública (EPHA, por sus siglas en inglés), casi mil euros al año. 

En concreto, la factura asciende a 926 euros en conceptos de tratamientos médicos derivados de la polución, las jornadas laborales perdidas, muertes prematuras y otros costes sanitarios derivados de la contaminación, especialmente de sus elementos más mortíferos, como las micropartículas en suspensión, el dióxido de nitrógeno y el ozono. En España, la minuta que la contaminación le pasa a cada habitante está algo por debajo de la media europea, que el mismo informe sitúa en 1.276 euros anuales. De hecho, ninguna de las ciudades españolas se encuentra el top ten, encabezado por Bucarest (Rumanía), donde los costes sobrepasan los 3.000 euros anuales por persona, y en el que figuran nada menos que cinco ciudades italianas –Milán, Padua, Venecia, Brescia y Turín–. 

En nuestro país, el problema principal se concentra en las grandes ciudades que, aunque llevan años intentando implantar políticas para reducir su contaminación, siguen registrando los mayores índices debido, principalmente, al tráfico rodado. Así, los costes netos por los daños causados por la contaminación son de 3.383 millones de euros en Madrid,Barcelona (2.020 millones ), Valencia (670 millones) y Zaragoza (522 millones ). Sin embargo, la cosa cambia si hablamos de gastos per cápita: a nivel individual, la contaminación sale más cara a los habitantes de Barcelona (1.256 euros), Guadalajara (1.183 euros), Madrid (1.069 euros), Gijón y Coslada (que comparten la cifra de 1.033 euros). 

Del otro lado de la balanza, las ciudades que menos pagan por gastos derivados de la contaminación son Arrecife (26 millones), Elda (35 millones), Zamora (37 millones) y Ferrol (40 millones). Al hablar de gastos per cápita, la factura es más barata para la población canaria de Santa Cruz de Tenerife (382 euros), Arrecife (448 euros) y Telde (521 euros) y, ya en la península, Cáceres (584 euros). 

Una mirada a Europa

Para su análisis, la EPHA ha realizado mediciones en 432 ciudades de países miembro de la Unión Europea, además de Reino Unido, Noruega y Suiza, con la intención de hacer una estimación del daño que la contaminación atmosférica produce en la salud humana, basándose en los datos oficiales de Eurostat y lo recogido en las estaciones de medición de los niveles de polución en 2018. 

«Nuestro estudio revela la magnitud de los daños causados por el aire contaminado en la salud humana y las inmensas desigualdades que existen entre los distintos países de Europa», explica Sascha Marschang, secretario general de la EPHA. Si observamos el mapa que recoge los datos del impacto per cápita, es especialmente notoria la diferencia entre las ciudades del centro y este de Europa, además de la ya comentada incidencia en el norte de Italia. Según los datos, dos tercios de las ciudades analizadas en el informe no cumplen con los criterios marcados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre aire limpio. Debido a la densidad de población y a la propia situación económica de las grandes ciudades –con mayores ingresos, pero también con más gastos–, sus habitantes son los que suelen enfrentarse a los mayores costes por contaminación. 

Sin embargo, más allá del coste para nuestro bolsillo, el aspecto más importante para la entidad es el demostrado impacto que la mala calidad del aire tiene en nuestro organismo. Según estimaciones de la propia OMS, en todo el mundo, alrededor de siete millones de personas mueren prematuramente cada año por exposición a la contaminación y a las partículas dañinas que flotan en el aire y que aumentan el riesgo de sufrir cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y enfermedades pulmonares, desde el asma, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) al cáncer. En Europa, solo en 2018 –año en que se recogieron los datos para este estudio–, se estima que más de medio millón de personas murieron por causas estrechamente relacionadas con la contaminación.

De hecho, dentro de los costes sociales calculados en el estudio, la mortalidad prematura es el más importante, ya que sobrepasa el 75% de estos gastos. La situación en las ciudades, además, se espera que empeore con la pandemia ya que, según apuntan estudios recientes, la mala calidad del aire podría ser un factor de riesgo extra: además de dañar los sistemas cardiovascular y pulmonar, las partículas nocivas también podrían ser transmisoras del virus. 

Reducir la contaminación es una de las prioridades para las grandes ciudades europeas que, en los últimos años, han implementado medidas para mejorar la calidad del aire. Sobre todo, lo han hecho mediante restricciones al tráfico rodado, uno de los principales responsables de la polución urbana –en España, se han visto este tipo de medidas en grandes urbes como Madrid y Barcelona, pero también en otras como Pontevedra– y apostando por parques, zonas verdes y medios de transporte más sostenibles. «En gran medida, las ciudades pueden reducir los costes pasándose a la movilidad urbana de cero emisiones. Los gobiernos nacionales y la Unión Europea deben tener en cuenta este impacto para sus políticas de transportes para apoyar, y no obstaculizar, una recuperación saludable tras la pandemia», concluye Marschang.

Hace exactamente 35 años -el 16 de septiembre de 1985- se celebró la Conferencia de Viena, una cumbre donde los líderes mundiales acordaron dar una respuesta unitaria a una de las mayores amenazas contra el planeta: la destrucción de la capa de ozono, una capa natural de gas presente en la atmósfera superior que nos protege de la radiación ultravioleta del sol.

Los objetivos de esta reunión se concretaron en el posterior Protocolo de Montreal de 1987, en los que los gobiernos, los científicos y las industrias de los países miembros de Naciones Unidas se comprometieron a trabajar juntos para eliminar el 99 por ciento de todas las sustancias que reducen la capa de ozono. Ahora, más de tres décadas después, garantizar la salud de la ozonosfera sigue siendo uno de los grandes retos del siglo XXI.

El descubrimiento de los peligros de la reducción de esta capa se remonta a finales de los años 70, cuando un grupo de científicos demostró que la capa de ozono estaba disminuyendo y que era la primera gran amenaza global para la humanidad. En concreto, los investigadores pusieron de manifiesto que la causa de este descenso era la presencia en la atmósfera de sustancias químicas artificiales, los llamados clorofluorocarbonados, gases muy potentes que son muy comunes en los aerosoles.

Sin embargo, esta realidad no comenzó a ser percibida como un peligro acuciante a nivel mundial hasta que, a inicios de los 80, los investigadores Joe Farman, Brian Gardiner y Jonathan Shanklin descrubrieron un agujero en la capa de ozono de la Antártida. Fue entonces cuando se tomó conciencia de que, al destruirse esta capa que protege la superficie de la Tierra de los rayos del sol, los seres humanos están sobreexpuestos a la radiación ultravioleta, lo que supone un grave riesgo para la salud humana. A grandes rasgos, esto incrementa el riesgo de sufrir melanomas o cáncer de piel, cataratas oculares o supresión del sistema inmunitario de humanos y otras especies animales.

Pero, además de suponer un riesgo para la salud, la ciencia ha demostrado que la emisión de los gases que dañan la capa de ozono también contribuye al calentamiento global. Esto es, son también potentes gases de efecto invernadero. Algunos de ellos tienen un efecto de calentamiento global hasta 14.000 veces mayor que el dióxido de carbono (CO₂), el principal gas de efecto invernadero. Concretamente, estudios como el publicado recientemente en la revista Nature Sustainability por miembros del Panel de Evaluación de los Efectos Ambientales del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ponen de manifiesto que el aumento de la radiación solar que penetra la parte de la capa de ozono dañada está interactuando con el clima cambiante.

Por tanto, como señalan desde la Unión Europea, la eliminación progresiva en todo el mundo de las sustancias que agotan la capa de ozono ha supuesto también una importante contribución positiva a la lucha contra el cambio climático.

 Los esfuerzos planteados por el Protocolo de Montreal han servido durante más de tres décadas para que los países disminuyan drásticamente el uso de productos químicos que desgastan la capa de ozono. 35 años después, la regeneración de la capa de ozono es un hecho y continúa su largo camino. De hecho, los últimos datos sugieren que si este protocolo sigue aplicándose (y cumpliéndose) a las velocidades previstas por Naciones Unidas, el ozono del Ártico y de las latitudes medias del hemisferio norte podría recuperarse completamente en quince años. Esto supondría que, en 2060, el agujero de la capa de ozono de la Antártida podría ser cosa del pasado.

El Protocolo de Montreal es un ejemplo de que los grandes tratados sí sirven cuando se aplican con rigor, responsabilidad y compromiso. De ello depende nuestra supervivencia.

El año pasado, una DANA (o gota fría) provocó una catástrofe medioambiental en el Mar Menor, donde todavía hoy son visibles algunos de los estragos que las lluvias torrenciales y los fuertes vientos provocaron en el ecosistema marino. Ha pasado casi un año desde que la gran masa de agua dulce con sedimentos y restos orgánicos que fue arrastrada por las fuertes lluvias dejó a la vida marina de la laguna murciana sin oxígeno y empeoró con gravedad los niveles de clorofila de la zona acuática. La flora, y especialmente la fauna, sufrieron un terrible y gravísimo impacto: basta recordar las imágenes de los miles de peces muertos que aparecieron en la costa. Tras este suceso, el Instituto Oceanográfico Español comenzó a investigar el verdadero impacto que tuvo la DANA en la biodiversidad de la zona y, recientemente, ha publicado un informe en el que sostiene que se tardará una década en recuperar la fauna y flora muerta del Mar Menor.

A pesar de los desalentadores datos, el informe también explora posibles vías para revertir la situación. Con un equipo formado por 28 investigadores, el texto se centra fundamentalmente en el cambio de estado hallado en la zona marina. En concreto, la evaluación señala que la recuperación de la laguna pasa por frenar la entrada de sedimentos y nutrientes a la zona marina, ya que fueron estos los causantes de los primeros síntomas de declive hacia un estado de eutrofización —es decir, una fuerte acumulación de residuos orgánicos— que provocó un desequilibrio acuático.

Estas alteraciones, cuyo origen se remontan a la década de los años noventa y el inicio de la explotación agrícola intensivacausan serios problemas en el equilibrio del ecosistema marino. A esto se le suma también los efectos de fenómenos meteorológicos comunes que, como las lluvias torrenciales, trasladan sedimentos procedentes de la erosión de suelos agrícolas hacia la laguna. A pesar de todo, corregir inercia en la que la se encuentra metido desde hace años el Mar Menor es complejo: el informe alerta de que, aunque la actividad humana fuese inexistente, pasarían años hasta que la situación pudiese revertirse, ya que la cantidad de nutrientes introducidos en la laguna se ha convertido en una carga demasiado pesada.

Sin embargo, las soluciones que proponen los expertos son muchas y variadas, aunque complejas. Algunos investigadores han propuesto medidas de carácter paliativo, como el aporte de agua de origen mediterránea, pero estas no son totalmente óptimas, ya que el estudio ha concluido que pueden tener efectos colaterales. Aquellas medidas planteadas en relación a la oxigenación de las aguas han sido también descartadas: ninguna se revela como una decisión positiva en una escala como la de la laguna. ¿Qué es, pues, lo que propone el informe técnico? La propuesta del Instituto Oceanográfico Español es, según se expone en el texto, establecer una restauración pasiva. Es decir, eliminar el propio elemento de presión o perjuicio de la zona, lo que permitiría, en principio, una recuperación natural sujeta, eso sí, a una constante evaluación técnica.

Estas medidas, que suelen tomarse con vistas a reducir el tiempo de recuperación, incluyen la biorremediación con bivalvos (que se trata de establecer un criadero de moluscos bivalvos autóctonos en la zona) y la restauración de plantas marinas. Por último, varias soluciones incluyen medidas de base natural, como es la recuperación de cauces, la reducción de la erosión, el incremento de la cobertura vegetal y la recuperación de humedales periféricos.

Todas estas actuaciones están orientadas a conservar la biodiversidad marina y su entorno, así como garantizar el buen estado ecológico del Mar Menor. Los indicadores, sin embargo, no podrán ser otros que los propios —e innumerables— aspectos de la laguna murciana: el estado de los hábitats, de las comunidades y especies marinas y, además, de aquellas pertenecientes a la franja adyacente del Mediterráneo y otros espacios asociados a la zona. Con todo, recuperar la biodiversidad del Mar Menor se presenta como una carrera de fondo en la que todos debemos participar.