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Claves para entender de qué va el autoconsumo

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En la cumbre del clima de Katowice (COP24), que selló las bases para la implementación del Acuerdo de París, el Gobierno socialista español aseguró que las emisiones de gases invernaderos se reducirían en un 90% de cara a 2050 y que se tendería hacia una electrificación de la energía. Se trata de una meta, cuando menos ambiciosa, que se engloba dentro del objetivo de liderar el camino hacia la neutralidad climática que la Comisión Europea definió en noviembre de 2018 en la Estrategia a Largo Plazo para 2050; un plan que busca cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

Como una de las primeras medidas para frenar la imperante amenaza climática, el 5 de abril de 2019 entró en vigor en nuestro país el Real Decreto sobre autoconsumo, una normativa que da carpetazo al conocido como “impuesto al sol” y que, según especifica el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), “hace viable el autoconsumo en España, permitiendo posibilidades de implementación que, hasta el momento, no se contemplaban”. Así se simplifican los procesos administrativos, técnicos y económicos asociados a esta manera de generar energía ¿Pero, en qué consiste exactamente este revolucionario modelo energético y qué oportunidades ofrece?

El primer elemento clave que hay que tener en cuenta como consumidor es la existencia de las distintas clases de autoconsumo que se recogen en el texto. Con la puesta en marcha del Real Decreto, se establecen dos tipos distintos: el individual conectado a una red interior (única figura reconocida hasta ahora y que facilita las instalaciones en casa) y  el colectivo. Esta segunda posibilidad permite que varios consumidores puedan conectarse a un mismo generador de electricidad establecido fuera de la vivienda. En otras palabras, según se especifica en el documento, “se permite el autoconsumo en comunidades de propietarios o entre empresas o industrias ubicadas en una misma localización”. 

Con la entrada en vigor del Real Decreto, se establecen dos tipos autoconsumo: individual conectado a una red interior y colectivo

Además del tipo de autoconsumo, la ley incluye novedades respecto al lugar donde se pueden situar las infraestructuras. Antes de su entrada en vigor, en España solo estaba permitido consumir energía procedente de instalaciones de generación eléctrica situadas dentro de la vivienda del consumidor. Ahora, por ejemplo, es posible asociar las placas fotovoltaicas de dos edificios contiguos e instalarlas donde mejor convenga para que los vecinos de ambos inmuebles puedan tener acceso a la electricidad generada. 

Otra de las claves a tener en cuenta es la implantación de un mecanismo simplificado de la compensación de excedentes, es decir, de aquella energía que el autoconsumidor no use de manera instantánea. “Hasta el momento, si el usuario quería obtener una compensación por esta energía que se inyecta en la red, debía constituirse jurídicamente como productor de energía. Con el Real Decreto aprobado, la comercializadora de energía compensará al usuario por la energía excedentaria en cada factura mensual”, exponen desde IDAE. Además, cuando se trate de autoconsumo colectivo, “un consumidor podrá aprovechar los excedentes de su vecino y ser copartícipe de la generación y el consumo, si este no está consumiendo su parte proporcional de energía”. 

“La comercializadora de energía compensará la energía excedentaria en cada factura mensual”

El 5 de abril de 2019 entró en vigor el Real Decreto sobre autoconsumo, una medida que da carpetazo al conocido como “impuesto al sol” y que hace viable el autoconsumo en España, permitiendo posibilidades de implementación que, hasta el momento, no estaban contempladas. ¿Pero, en qué consiste exactamente este revolucionario modelo energético?

En 2015, ante la necesidad de dar una respuesta a la apremiante amenaza del cambio climático, los líderes mundiales se reunieron y firmaron el Acuerdo de París para adoptar medidas progresivas y eficaces que frenasen lo que ya se ha bautizado como la crisis del siglo: la climática. Tres años después, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU dio un tirón de orejas a los países firmantes –y a todos en general– al afirmar que el aumento de dos grados de la temperatura global que se había fijado en el Acuerdo era insuficiente para evitar efectos “duraderos o irreversibles”.

Tras la evaluación del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Unión Europea reconoció que “necesita ir más allá para cumplir el Acuerdo de París y reducir de forma significativa su dependencia de los combustibles fósiles”. Para poder cumplir el objetivo de “liderar el camino hacia la neutralidad climática”, en noviembre de 2018 la Comisión Europea aprobó la Estrategia a Largo Plazo para 2050. España, por su parte, ha mostrado un firme deseo de liderar la transición energética hacia el uso de renovables como principal fuente de energía –ejemplo de ello es la creación del Ministerio para la Transición Ecológica–.

¿Es posible conciliar el reto ambiental con el consumo de energía?

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*Jorge Sanz Oliva es director asociado de NERA Economic Consulting y presidente de la Comisión de Expertos de Transición Energética de 2018


Es frecuente escuchar que “la energía que menos contamina es la que no se consume”. Se trata de una afirmación totalmente cierta y sin embargo, la “energía que no se consume” es también la que menos bienestar produce porque no nos calienta en invierno, no conserva nuestros alimentos refrigerados, no ilumina nuestros hogares y tampoco ayuda a fabricar o a transportar los productos que consumimos. De ahí que consumir energía sea esencial para nuestras vidas. Entonces, la pregunta es: ¿cómo conciliar el reto ambiental con el consumo energético? A diferencia de lo que ocurría hace tan solo diez años, actualmente las grandes instalaciones de generación de electricidad que utilizan el sol y el viento (ambas fuentes de energía renovable) son económicamente rentables y no necesitan subvenciones. En poco tiempo esto va a permitir avanzar en la lucha contra el cambio climático sin que eso suponga un gran coste para los consumidores. No obstante, los precios actuales y las previsiones de evolución tecnológica reflejan que la estrategia menos onerosa para reducir las emisiones de CO2 no pasa, por ejemplo, por invertir en aislamiento térmico de edificios (que es enormemente caro) sino por eliminar las barreras a la penetración de las energías fotovoltaica y eólica en la economía. Para ello es necesario incrementar el peso de estas energías renovables en la generación eléctrica y, al mismo tiempo, aumentar el peso de la electricidad en el consumo de energía final. Electrificar la economía requiere que las personas y las empresas sustituyan su actual consumo de energías fósiles (gas natural y derivados del petróleo) por el de electricidad. Por ejemplo, se puede empezar por apostar por el coche eléctrico o por los sistemas aerotérmicos para cubrir las necesidades de calor y frío en el hogar o, en el caso de las empresas, sustituir las calderas de gas natural por unas eléctricas. Sin embargo, mientras existan penalizaciones al consumo de electricidad y subvenciones al consumo de energías fósiles va a ser difícil que consumidores y empresas sean activos en el proceso de electrificación.

Mientras existan penalizaciones a la electricidad será difícil que los consumidores participen en el proceso

Porque, en efecto, el consumo de energías fósiles está subvencionado en nuestro país. No a través de ayudas explícitas —prohibidas por la UE— sino porque no se les cargan todos los costes que ocasiona su consumo. Por ejemplo, el consumo de cualquier forma de energía, ya sea electricidad o combustibles fósiles, obliga a invertir en renovables en un cierto porcentaje. Pero los consumidores de gas natural y de derivados del petróleo no financian los sobrecostes de las inversiones en renovables que su consumo induce, sino que el 90% de los sobrecostes de estas tecnologías los pagan los consumidores de electricidad. De igual manera ocurre con los sobrecostes de la cogeneración, que deberían imputarse a todos los consumidores de energía final. Sin embargo, a día de hoy se cobran únicamente a los consumidores de electricidad. Por otra parte, el uso de electricidad también está penalizado porque los peajes eléctricos incluyen los sobrecostes del suministro en los territorios no peninsulares y las anualidades de los pagos de déficits tarifarios incurridos en el pasado por el incremento en el coste de los apoyos a las energías renovables. Todo esto penaliza el consumo de electricidad y fomenta el uso continuado de los combustibles fósiles a pesar de sus elevadas emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello hay tres actuaciones que son clave para luchar, con éxito, contra el cambio climático. En primer lugar, es necesario facilitar la construcción de instalaciones eólicas y fotovoltaicas que pueden producir electricidad sin emisiones de gases de efecto invernadero (actualmente no son necesarias subvenciones porque sus costes las hacen ya competitivas). En segundo lugar, es preciso fomentar —o al menos no obstaculizar— la electrificación de la economía, lo que requiere que se diseñen las tarifas eléctricas de forma que se ponga fin a la penalización a su consumo. En este aspecto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está ya trabajando en una reforma del diseño tarifario que refleje los costes de suministro. En tercer lugar, hay que acabar con las subvenciones al consumo de energía contaminante, lo que implica que hay que llevar a cabo una reforma fiscal medioambiental.

Con una reforma fiscal y un impuesto al consumo de CO2 a 30 €/tCO2, la economía podría alcanzar el objetivo de electrificación del 27%

Asimismo, la necesidad de una reforma fiscal, como la propuesta por la Comisión de Expertos de Transición Energética en 2018, se puede apreciar en el hecho de que simplemente con esa reforma y un impuesto al consumo de CO2 a 30 €/tCO2, la economía española podría alcanzar el mismo objetivo de electrificación (27%) previsto por el Gobierno para 2030 en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Todo ello, sin gastar ni un solo euro de dinero público; en contraste con el PNIEC, que plantea decenas de intervenciones, con un gasto de 236.000 M€ en diez años. Sin embargo, el Plan Nacional solo dedica un pequeño párrafo a la reforma fiscal. Y dicho párrafo no perfila los principios en los que se va a basar la reforma, sino que se limita a indicar que será el Ministerio de Hacienda quien la liderará —a pesar de que los problemas ambientales no son, precisamente, una prioridad del Ministerio de Hacienda—, y no el Ministerio para la Transición Ecológica. La buena noticia es que el PNIEC enviado a la Comisión Europea es solo un borrador. El Gobierno aún está a tiempo de rectificar y sentar las bases para una verdadera reforma fiscal que demuestre que su preocupación por el cambio climático no es un mero eslogan.