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Recuerden esta cifra: 18,3. A simple vista, este número dice poco. Sin embargo, conviene que lo recuerden porque es histórico. El pasado 6 de febrero esa fue la temperatura que se registró en la Antártida: 18,3 grados centígrados. Nunca antes se había disparado el mercurio de esta manera en el continente austral. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) avisa: en los últimos 50 años, la temperatura en la Antártida ha aumentado tres grados.

Habrá ciudadanos que recibirán la noticia con preocupación y otros que, como Donald Trump, le restará importancia dentro de su discurso negacionista contra el cambio climático. Tras anunciar meses atrás la salida definitiva de EE.UU. del Acuerdo de París para avanzar en la lucha contra el calentamiento global, el presidente de los Estados Unidos sigue retrocediendo en las políticas climáticas. En las próximas horas presentará en el Congreso un primer borrador de los presupuestos anuales que incluyen una reducción de los fondos para la lucha contra el cambio climático (un 26% menos). En esa cruzada casi personal de Trump contra todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, el presidente norteamericano se enfrenta a su primera gran reválida en las elecciones presidenciales del próximo noviembre.

Si en 2019 los españoles acabaron el año cansados de ir a votar, en 2020 puede que los estadounidenses experimenten esa misma sensación. Todo hace indicar que lo que suceda en la política estadounidense durante este año tendrá una importancia vital en la lucha mundial contra el cambio climático. Y ahí es donde debe entrar en juego el Partido Demócrata. El pasado tres de febrero dio el pistoletazo de salida a las primarias demócratas en el estado de Iowa. ¿El objetivo? Echar a Donald Trump de la Casa Blanca.

De las 29 candidaturas que se presentaron en un primer momento, solo once continúan en la carrera por el liderazgo del partido tras los caucus de Iowa pero, a día de hoy, solo cuatro candidatos cuentan con opciones reales de vencer: Pete Buttigieg, Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Joe Biden. Los dos primeros salieron reforzados tras el caótico recuento de Iowa, mientras que Warren y Biden, favoritos meses atrás, pueden estar viviendo sus últimas horas en la carrera electoral. Las primarias de New Hampshire del próximo 11 de febrero pueden darnos las pistas definitivas sobre quién será el rival de Donald Trump el 3 de noviembre.

El Green New Deal pone de acuerdo a todos los candidatos

A pesar de las diferencias programáticas que tienen los candidatos en materias como sanidad, educación o defensa, hay algo en lo que coinciden todos: su apoyo al Green New Deal, la hoja de ruta que presentaron el año pasado en el Congreso el senador Edward Markey y la congresista Alexandra Ocasio-Cortez con el objetivo de situar a Estados Unidos al frente de la lucha contra el cambio climático a nivel mundial y que guarda, además del nombre, otras similitudes con el plan aprobado recientemente por la Comisión Europea, el European Green Deal. Curiosamente, tanto Markey como Ocasio-Cortez se han manifestado públicamente en favor de alguno de los candidatos: el primero lo hizo con Elizabeth Warren y la segunda con Bernie Sanders.

El Green New Deal ha marcado una meta: reducir de manera drástica la emisión de gases de efecto invernadero para lograr la neutralidad de emisiones en el año 2050. Además, en un plazo de diez años se espera generar el 100% de la electricidad del país a través de energías renovables o sin emisiones para conseguir una mayor eficiencia energética. Para ello, se modernizará tanto la red eléctrica como todos los edificios del país y se invertirá en el vehículo eléctrico y en el tren de alta velocidad.

Pero, ¿cuánto costará electrificar la economía de un país como Estados Unidos? Sanders promete una inversión de 16,3 trillones de dólares. El resto de candidatos son más tímidos: 3 trillones, Warren, 2 trillones, Buttigeig y 1,7 trillones, Biden. La  subida de impuestos a la industria carbonífera y la creación de millones de nuevos puestos de trabajo directamente relacionados con el Green New Deal pagarán gran parte de esta inversión.

Más allá de las cifras presupuestarias hay un aspecto en el que hay discrepancias: la energía nuclear. Sanders y Warren abogan por cerrar todas las centrales nucleares del país antes de 2035, mientras que Biden y Buttigieg creen que la nuclear es una fuente de energía imprescindible a medio plazo y el país no puede prescindir de sus 97 centrales.

Objetivo: recuperar el liderazgo internacional

Pero si hay algo en lo que coinciden de forma inequívoca los cuatro candidatos es en el papel que debe jugar Estados Unidos en el mundo en la lucha contra el cambio climático, y esto pasa por no abandonar bajo ninguna circunstancia el Acuerdo de París. Los argumentos de Trump para rechazar este consenso internacional son básicamente dos: que el acuerdo representa un “castigo” hacia los Estados Unidos y que el precio que los estadounidenses pagarían por “una reducción de solamente 0,2°” es demasiado alto.

Los demócratas consideran imprescindible recuperar la iniciativa internacional y convertirse en el país que lidere la lucha contra el cambio climático. No entienden que Estados Unidos, primera potencia económica mundial y responsable directo del 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero, solo por detrás de China, abandone un acuerdo al que se han sumado ya 195 países entre los que se encuentran los gigantes de la contaminación: la ya mencionada China, la Unión Europea e India. En este sentido, la presencia de la presidenta del Congreso de EE.UU., la demócrata Nancy Pelosi, en la COP25 de Madrid el pasado mes de diciembre fue un acto cargado de intención.

Para los defensores de la lucha contra el cambio climático en Estados Unidos todavía hay espacio para la esperanza. La salida efectiva de cualquier país firmante del Acuerdo de París solo puede producirse cuatro años después de su entrada en vigor: en noviembre de 2020, justo después de las elecciones presidenciales, por lo que un cambio de liderazgo en la Casa Blanca cambiaría totalmente la panorámica.

Los grandes estados se rebelan contra Trump

La deriva de las políticas climáticas de Trump ha generado un rechazo total en gran parte del país. Por ello, hasta 25 estados han dicho basta y se han unido bajo la Alianza por el Clima de EE.UU. para defender sus intereses e implementar políticas energéticas limpias que permitan reducir las emisiones contaminantes. Entre esos 25 estados “rebeldes”, la gran mayoría gobernados por el Partido Demócrata, encontramos tres que pertenecen al bando republicano: Vermont, Maryland y Massachusetts. La unión de todos estos territorios, que representan el 65% de la población estadounidense, logrará reducir en un 28% las emisiones de CO₂ para el año 2030.

El caso de California es singular: es el estado más poblado del país y su economía se sitúa en el quinto puesto a nivel mundial por encima de países como Francia o Reino Unido. Los demócratas californianos aprobaron el año pasado una ley estatal con el objetivo de usar energía 100% libre de emisiones en el año 2045, de la que un 60% deberá ser renovable. En esta línea, Los Ángeles se ha marcado como objetivo obtener el 100% de su energía de fuentes renovables para ese mismo año, mientras que la ciudad de Berkeley es, desde julio de 2019, la primera metrópoli estadounidense en prohibir el gas natural en todas sus nuevas construcciones. Por su parte, Nueva York, la ciudad más poblada del país, también ha aprobado una ley que obliga a que en 2040 toda su energía sea limpia, y se ha fijado 2050 como año límite alcanzar la neutralidad de carbono.

La nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este lunes que el próximo mes de marzo presentará una ley europea para evitar que se den pasos atrás en el camino de la neutralidad climática de la Unión Europea. La presidenta ha hecho este comunicado en el contexto de la COP25, que ha arrancado hoy en Madrid y en la que se espera que se cierren las negociaciones sobre el reglamento del Acuerdo de París, que entrará en vigor en 2020. 

Hace apenas unos días, el brazo ejecutivo de la Unión Europea aprobó una resolución para declarar a la región en situación emergencia climática, convirtiéndose en el primer continente en anunciar esta situación. Ahora, tras tomar posesión el domingo, Ursula von der Leyen ha puesto sobre la mesa un plan de inversiones para poner en marcha una acción climática que se sustente en la investigación, la innovación y las nuevas tecnologías. También contempla la creación de un Fondo de Transición que garantice que nadie se quede atrás en el proceso de transformación. “Esto implicará dotar de una perspectiva climática a todos los sectores económicos”, ha anunciado la comisaria.

Otro de los ejes vertebradores del discurso que la presidenta ha pronunciado frente a los mandatarios mundiales ha sido la activación de un Green New Deal europeo que, según ha asegurado, presentará de aquí a diez días. El objetivo es convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro para 2050. “Si queremos alcanzar esta meta tenemos que actuar e implementar nuestras propias medidas ahora. Porque sabemos que esta transición necesita un cambio generacional”, ha concluido la comisaria.

“Ambición, ambición, ambición”. Con estas palabras, el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha inaugurado la Cumbre del Clima que hasta el próximo día 13 de diciembre reunirá a los líderes de todo el mundo. En este foro se acabarán de definir, en el mejor de los casos, los próximos pasos para cumplir con el pacto de limitar el aumento de la temperatura en 1,5°C. Por eso, el adelanto de las futuras medidas que aplicará la Unión Europea, cuando menos ambiciosas, abre la puerta al resto de las partes firmantes del Acuerdo de París y les invita a presentar unos planes de acción más combativos contra el cambio climático.

Si alguien ha logrado escapar de los cánones clásicos que definen el establishment norteamericano y hacerse un hueco en la esfera política, esa es, sin duda, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. De raíces puertorriqueñas y familia humilde, la joven de 28 años triunfó en las primarias demócratas del distrito de Nueva York de 2018. Desde entonces, su carrera no ha hecho más que coger velocidad, guiada por la defensa de la sanidad universal, de los derechos de los inmigrantes, de las mujeres y de la comunidad LGTBI+. Además, Ocasio-Cortez ha estampado su sello en una iniciativa que promete marcar no solo el futuro de la icónica ciudad, sino del país entero. Esta es, la puesta en marcha de un New Deal medioambiental que plantea soluciones a corto plazo para revertir los efectos del cambio climático, que hoy celebra su efeméride más negra: la del día Internacional contra el Cambio Climático.

El conocido como nuevo Green New Deal —nombre que evoca los planes del presidente Roosevelt para luchar contra las consecuencias económicas de la Gran Depresión — tiene un objetivo claro: reducir considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en una década. Para alcanzar esa meta, la congresista ha propuesto algunas medidas concretas que lleven a la descarbonización total de la economía y la protección de los derechos de la población.

En primer lugar, el plan defiende la necesidad de que haya una inversión gubernamental en proyectos y estrategias para resistir los desastres naturales y las temperaturas extremas provocadas por el cambio climático. Asimismo, exige la financiación estatal en investigación para el desarrollo de nuevos sistemas de prevención.

En segundo lugar, la hoja de ruta definida por la congresista más joven del Capitolio propone que de aquí a 10 años casi el 100% de la electricidad del país provenga de energías renovables. Para ello, se detalla en el pacto que es preciso digitalizar la red eléctrica del país, mejorar los edificios para que sean más eficientes energéticamente, revisar el sistema de transporte nacional a través de una fuerte inversión en los vehículos eléctricos y los trenes de alta velocidad, y minimizar el número de viajes en avión, el medio de transporte más contaminante.

Además de la carrera por reducir las emisiones en la industria y en las ciudades, el Green New Deal también dirige el foco hacia las zonas rurales y propone, según se cita en el documento, “colaborar estrechamente con los granjeros para eliminar la polución y los gases de efecto invernadero del sector de la agricultura y la ganadería”. En este caso en concreto no se detalla la línea de actuación a seguir, lo que ha favorecido que políticos como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, un férreo negacionista del cambio climático, lo interprete a su manera. Sin ir más lejos, días después de la publicación del pacto verde, Trump utilizó las redes sociales para criticar “la brillante idea” del partido demócrata de reducir la huella de carbono a base de “eliminar los aviones, el petróleo y las vacas (que generan gas metano)”. No obstante, estas no son las únicas medidas que el presidente republicano ha afeado al Green New Deal de Alexandria Ocasio-Cortez.

Otra de las propuestas que ha levantado la polvareda entre las sillas del Congreso es la de hacer de la lucha contra el cambio climático una oportunidad para acabar con las desigualdades. Para combatir las injusticias sociales, el documento recuerda que el Gobierno debe implantar normas de comercio internacional y ajustes legislativos que garanticen una fuerte protección de los derechos laborales y unos salarios dignos, la creación de empleo y el impulso de la fabricación local. En palabras de Alexandra Ocasio-Cortez, “la crisis climática requiere de una movilización federal y local masiva e inmediata que beneficie al planeta y al conjunto de su población”.

La lucha contra el cambio climático y la rentabilidad financiera no están reñidos. De hecho, se trata de un matrimonio muy bien avenido en el que los inversores socialmente responsables cuentan con la garantía de que su dinero se destina y gestiona a un proyecto que cumple con criterios de respeto al entorno. Esto se llama financiación verde y ha llegado para quedarse. En 2017, Red Eléctrica se convertía en la primera empresa de Europa en incorporar criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en una operación financiera a través de múltiples agentes.

Ahora, la compañía da un paso más para el impulso de este tipo de iniciativas y crea un marco verde de financiación (Green Framework) que le permitirá la emisión de productos financieros que cumplan con todas las garantías de sostenibilidad ambiental. Las energías renovables, la eficiencia energética, con la prevención y control de la contaminación, los vehículos eléctricos o la gestión sostenible de los recursos naturales son algunos de las áreas de desarrollo de proyectos candidatos a recibir capital a través de la financiación ‘verde’ que se engloba dentro de este marco.

«En Red Eléctrica vinculamos parte de nuestra inversión a la financiación sostenible y contamos con un marco verde que nos permitirá desarrollar proyectos de esta naturaleza», señaló Tomás Gallego, director financiero del Grupo, durante las jornadas ‘Creando juntos un futuro sostenible. El reto de los ODS’ celebradas en octubre en su sede de Madrid. Según detalló Gallego en este encuentro, este marco verde de financiación también pretende diversificar la base de inversores, con el foco en los socialmente responsables y en aquellos llamados verdes; además de contribuir al crecimiento de mercados más respetuosos con el medio en que vivimos.

El marco verde de Red Eléctrica se rige bajos los Principios Verdes (Green Bond Principles), establecidos por International Capital Market Association (ICMA), y exige la garantía de transparencia en la gestión durante la vigencia del bono verde, así como la realización de informes y la revisión externa de todo el procedimiento.

«La transición energética puede ser un impulsor decisivo de este tipo de instrumentos de crédito porque la descarbonización de la economía y el incremento de las renovables conllevan fuertes inversiones a las que hay que hacer frente», concluye Gallego.

Refugiado climático, migrante ambiental, desplazado climático, refugiado ecológico, refugiado medioambiental, eco-refugiado... La terminología que hasta hace poco sonaba a nueva ahora ocupa titulares por doquier. Sin embargo, el concepto viene de lejos: fue el profesor egipcio Essam El-Hinnawi quien lo empleó por vez primera en 1985 en un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Dos dos décadas después, la Premio Nobel de la Paz Wangari Maathai lo popularizó, dándole nombre a lo que es un realidad más que perceptible.

El informe del organismo dependiente de la ONU definía a los refugiados ambientales como “aquellos individuos que se han visto forzados a abandonar su hábitat tradicional, de manera temporal o permanente debido a un marcado trastorno ambiental, ya sea a causa de peligros naturales y/o provocado por la actividad humana”. No obstante, la Convención de Ginebra (conjunto normativo que regula el derecho internacional humanitario) no contempla motivos de tipo ambiental en su concepción de refugiado, a pesar de que los desplazamientos forzados causados por fenómenos como la desertización, el aumento del nivel del mar, las sequías extremas, las inundaciones o los desastres naturales son cada vez más frecuentes.

“Aunque han existido desde siempre, los desplazamientos actuales están relacionados ‒por lo general de forma indirecta‒ con los nuevos procesos de destrucción del hábitat y deterioro ambiental por dos tipos de dinámicas, ambas resultado de la acción humana: la crisis climática y sus impactos en forma de fenómenos meteorológicos extremos y súbitos, y los conflictos socioecológicos asociados a ‘proyectos de desarrollo’ como el extractivismo de la minería, los combustibles fósiles, la agricultura industrial, el acaparamiento de tierras y la construcción de grandes infraestructuras”, explica Nuria del Viso, investigadora de FUHEM Ecosocial.

“A ello se suma el efecto perverso de algunas iniciativas de adaptación climática que también generan un desplazamiento forzado, como es el caso del acaparamiento de tierras para cultivar biocombustibles, el llamado green grabbing, y la construcción de muros para afrontar la subida del nivel del mar que, por ejemplo, en las grandes ciudades del sudeste asiático ‒Bangkok, Yakarta o Manila‒ están generando la expulsión de la población más pobre y así hacer sitio, no solo a las infraestructuras de adaptación climática, sino también a edificios y viviendas de lujo”, apostilla del Viso.

El primer solicitante de asilo por causas medioambientales fue Ioane Teitiota, un ciudadano de Kiribati, un pequeño estado compuesto por 33 islas del Pacífico que está siendo engullido por el mar. Era 2015 y Nueva Zelanda denegó su petición. En la actualidad, muy pocos países han incorporado la figura del refugiado medioambiental a su ordenamiento jurídico. Acaso porque la mayoría de los desplazamientos ecológicos se producen en Asia, África subsahariana y algunas regiones de Centroamérica.

Aunque no hay estimaciones rigurosas, ACNUR asegura que, en la última década, 26,4 millones de personas se han desplazado forzosamente por los efectos del cambio climático. Una cada segundo. Sin olvidar que, independientemente de estas cifras, hay “personas y poblaciones, los más vulnerables, que no pueden desplazarse aunque lo deseen y se convierten en poblaciones atrapadas”, apunta del Viso.

“Estamos ante un problema de extrema gravedad. El último informe del Banco Mundial apunta a que en 2050, debido a los impactos del cambio climático, 140 millones de personas se verán obligadas a dejar sus casas. Solo el año pasado, 17,2 millones de personas tuvieron que hacerlo, y el número de afectados crece exponencialmente”, asegura Tatiana Nuno, responsable de Cambio Climático de Greenpeace España. Y las perspectivas no son halagüeñas: el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) estima que la subida del nivel del mar en 2100 puede ser de hasta 77 centímetros, lo que expondría a millones de personas tanto a inundaciones como a colapso de infraestructuras.

De hecho, la guerra abierta en Siria desde hace ocho años no solo se explica por motivaciones políticas sino también por un malestar social fruto de las adversidades medioambientales. En 2006, una sequía extrema obligó a más de millón y medio de personas a dejar su hogar para trasladarse a ciudades como Damasco o Alepo. La drástica disminución de lluvias (hasta en un 10%) y la subida de la temperatura media del país (en 1,2 grados) motivó que más de ochocientas mil granjas fuesen abandonadas. La desolación y desamparo de esos desplazados fue uno de los factores que influyó en la detonación de las violentas protestas de 2011, que culminaron en un sangriento conflicto. A a todo ello se le suma una tragedia más: la de la discriminación.

Según múltiples informes, las mujeres son las más afectadas por el cambio climático. “En la mayoría de los casos, las mujeres no son propietarias de las tierras, aunque las trabajan. Esto, unido a su mayor vinculación al territorio y a sus descendientes, hace que tengan menos recursos que los hombres para desplazarse o adaptarse, por lo que están más expuestas que ellos a estos terribles efectos”, concluye Nuno.

Sin embargo, esta situación es todavía reversible. En la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP24) celebrada el pasado diciembre en Katowice (Polonia) se presentó un manual comunicativo sobre género y cambio climático para, según se estipula en el documento, “colocar a las mujeres en el centro de la crisis medioambiental que caracteriza nuestro siglo”. Un objetivo nada desdeñable. Los expertos en cambio climático coinciden que para que la transición ecológica sea justa, nadie debe quedarse atrás. Por el contrario, debe tener en cuenta al conjunto de la sociedad y reforzar, en la mayor medida de lo posible, las perspectivas y oportunidades de los más vulnerables.

"Resolver la crisis climática es el mayor y más complejo desafío al que el Homo sapiens se ha tenido que enfrentar. No obstante, la solución es tan simple que hasta un niño pequeño puede entenderla: tenemos que detener nuestras emisiones de gases de efecto invernadero", aseguraba a principios de año Greta Thunberg, desafiando con sus palabras a los más poderosos del mundo, reunidos en Davos. "O lo hacemos o no lo hacemos". Su mensaje es el mismo que gritan cada viernes los estudiantes frente a los parlamentos del mundo. Quieren heredar un planeta sano. Y quién puede juzgarles por ello.

Moreno lanza una pregunta a todos aquellos líderes cuyas decisiones pueden marcar el rumbo del mundo y que, a pesar de lo que manifiesta la comunidad científica, siguen el camino del negacionismo: "¿Cuántas gotas frías –como la DANA de este año en España– vamos a necesitar para tener pruebas sólidas de su relación con el cambio climático y actúen en consecuencia?".

A las puertas de la cumbre climática de las Naciones Unidas en Nueva York y sumergidos en los preparativos de la gran Huelga Mundial por el Clima, más de siete mil universidades de todos los continentes decidieron dar un paso hacia delante con una vuelta al cole diferente, declarando la emergencia climática en sus instituciones como llamada de atención para los líderes mundiales que, ahora mismo, tienen en sus manos la calidad de vida futura de todos, niños y adultos. Ya no hablan de cambio climático, ni siquiera de crisis climática. Tanto la ONU como la comunidad científica y los activistas han elevado el nivel de alerta a emergencia: "Nos encontramos ante la problemática que define nuestra época, y nos definirá como sociedad cuando pase a los anales de la historia", asegura el último informe de la ONU, The Heat Is On: Taking Stock of Global Climate Ambition, que plantea una lista de medidas y de soluciones que, como decía Greta en Davos, están al alcance de la mano siempre y cuando haya voluntad política.

De crisis a emergencia climática

Muchos de esos chicos y chicas que se han movilizado –posiblemente por primera vez en su vida– se preguntan cómo hemos llegado hasta aquí o por qué ha tenido que pasar tanto tiempo para que la sociedad, las empresas y los políticos empezasen a escuchar las preocupaciones de los científicos que, como reconoce José Manuel Moreno, profesor de la Universidad de Castilla La Mancha y miembro del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC), ya a finales del siglo XIX empezaban a alertar sobre los problemas climáticos que habría en el futuro. "Todo lo que se ha dicho en el último siglo se ha visto ratificado; podemos decir que la ciencia no ha sido exagerada en ningún caso, por mucho que algunos no quieran verlo así", afirma.

La relación del ser humano con la naturaleza dio un vuelco con la llegada de la Revolución Industrial, del carbón y, más tarde, del petróleo. "Pasamos de utilizar la energía que llegaba a la Tierra (viento o biomasa) a explotar recursos que se habían estado acumulando en el planeta durante muchísimos años en forma de combustibles fósiles", explica Joan Groizard, director del Instituto para la diversificación y ahorro de la energía (IDEA). Aunque es innegable que el desarrollo humano y los niveles de prosperidad y bienestar vividos fueron catapultados por esta transformación, "también trajo consigo un crecimiento de población sin precedentes y miles y miles de toneladas de gases de efecto invernadero fueron enviadas directamente a la atmósfera", recuerda Groizard. Así, poco a poco y bajo la mirada preocupada de la comunidad científica, nos adentramos en el Antropoceno o, lo que es lo mismo, en un periodo en el que el impacto de la humanidad sobre la Tierra es tan profundo que se empiezan a observar cambios a nivel zoológico.

La realidad incontestable del cambio climático no solo afecta a la naturaleza, a la biodiversidad que nos rodea o a otras especies. La ministra en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, advierte de que nos encontramos ante "una fuente potenciadora de riesgos que pueden acabar en conflictos, en violencia o en problemas de seguridad, generando tensiones en zonas de por sí tensionadas: exacerba riesgos de sequía, de escasez de alimento… Por tanto, es legítimo preguntarse de qué capacidad dispone la comunidad internacional para anticipar esos riesgos y procurar evitarlos". Lo explica: "Si sé que va a haber un incremento de la intensidad de episodios de sequía o que El Niño o La Niña van a afectar de una manera u otra en una zona, debemos preguntarnos qué puede suponer para la población local y cómo puede la comunidad internacional favorecer que no se agraven esas situaciones de hambruna o de presión sobre el agua en un determinado espacio".

Más allá de que la temperatura media del planeta ya esté un grado por encima de la era preindustrial o de que países como Kuwait ya hayan registrado temperaturas máximas de 63ºC, la emergencia climática abarca también la geopolítica y la economía mundial, como reconoce la ministra en funciones. Julia Marton-Lefèvre, miembro de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES), asegura que "los jóvenes ya se han dado cuenta de esto, porque han aprendido sobre medio ambiente en el colegio, a través de sus padres o de los medios, y es precisamente por eso por lo que han decido que ya son lo suficientemente mayores como para reclamar que se reconecte a la comunidad científica con la toma de decisiones políticas y económicas, que esa desconexión existente no es asumible".

Cómo gestionar la emergencia climática

La aprobación de la Agenda 2030 propició una situación inédita al demostrar que todos los actores son igualmente necesarios e importantes a la hora de plantarle cara a la emergencia climática. Federico Buyolo, director general de la Oficina de la Alta Comisionada para la Agenda 2030, explica que "es imprescindible la confluencia de Administraciones Públicas, empresas privadas y de la acción ciudadana para generar un desarrollo sostenible que esté cubierto por las sinergias de todos los agentes que existen". Además, reconoce que la única manera de que se propicie la transición ecológica a nivel mundial es a través de una legislación efectiva que ponga en marcha medidas completas contra el cambio climático.

Por tanto, como sociedad, el único camino posible es el de "presionar a los políticos para que pongan en marcha los mecanismos necesarios y empiecen a tomarse en serio la situación de emergencia», reflexiona la politóloga Cristina Monge. «Los chavales de Juventud por el Clima y Fridays for Future están ayudando a extender la ola de sensibilización y de compromiso que ya existía, pero que no había conseguido iniciar una conversación entre todos los actores", añade.

Como estos jóvenes, «todos debemos ser conscientes del peso que tenemos como colectivo, ya no solo a la hora de salir a la calle a protestar, sino siendo consecuentes con nuestros votos: tenemos que participar y pedir a los gobernantes que rindan cuentas», explica Groizard, para quien, como ciudadanos y votantes, tenemos la responsabilidad de aprovechar esa fuerza para mitigar las consecuencias de la crisis que vivimos. Más allá de elegir una movilidad diferente –que abogue por el transporte público en vez del privado–, el reciclaje adecuado de nuestros residuos, un cambio en nuestros hábitos alimenticios –que no tiene por qué suponer abandonar el consumo de carne, pero sí su reducción, el cuidado por la procedencia de los alimentos o la apuesta por el comercio de proximidad– o la apuesta por las energías renovables en los hogares, Marton-Lefèvre tiene claro que "los verdaderos cambios están en las manos de la gente que toma decisiones relacionadas con la política tanto a nivel local como nacional, pero también a nivel empresarial".

Moreno lanza una pregunta a todos aquellos líderes cuyas decisiones pueden marcar el rumbo del mundo y que, a pesar de lo que manifiesta la comunidad científica, siguen el camino del negacionismo: "¿Cuántas gotas frías –como la DANA de este año en España– vamos a necesitar para tener pruebas sólidas de su relación con el cambio climático y actúen en consecuencia?".