El 96% de los españoles ha encontrado basura en las playas, según señala un reciente estudio de LIBERA. Un problema de contaminación que cobra mayor importancia en una época estival donde muchas personas pasan sus días de vacaciones cerca del mar. Por eso, conviene recordar que existen muchos pequeños gestos que ayudan a disfrutar del verano sin contaminar el ecosistema.
Un tercio de la población mundial vive sin acceso a internet, lo que genera una profunda brecha digital que ahonda la desigualdad en ámbitos como el laboral o el educativo.
La era digital ha traído consigo avances sin precedentes, conectando a miles de millones de personas en todo el mundo y transformando la forma en que vivimos, trabajamos y aprendemos. Sin embargo, esta revolución tecnológica no ha sido equitativa. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de la ONU, el 33% de la población mundial, 2.600 millones de personas, no tiene acceso a internet o nunca lo ha usado. Esta cifra revela una profunda brecha digital que afecta desproporcionadamente a ciertas regiones y grupos demográficos, exacerbando las desigualdades existentes y creando nuevas barreras para el desarrollo.
El continente africano destaca como la región más afectada por la brecha digital. En África oriental, solo el 23% de la población tiene acceso a Internet, una cifra que refleja la disparidad tecnológica con otras partes del mundo. Le sigue África Meridional con menos del 28% de la población conectada y el sudeste asiático, con un 47,7%.
Varios factores contribuyen a esta desigualdad digital. La infraestructura es uno de los más críticos. En muchas regiones rurales, aisladas de los núcleos urbanos, la falta de redes de telecomunicaciones adecuadas impide el acceso a internet. Además, el coste del acceso es prohibitivo para muchas personas. La ONU recomienda que el coste de internet no supere el 2% del ingreso medio mensual para que sea asequible, pero en 2020 aún 107 países en todo el mundo superaban ese umbral. Algunos de manera desproporcionada, como es el caso de Yemen, donde el coste de un pack de internet supone el 42.665% del sueldo medio, o Mauritania, donde representa el 7.812%, según la organización NetCredit.
La alfabetización digital y la educación también juegan un papel crucial en el acceso a la red global. En muchas comunidades, especialmente en áreas rurales, la falta de educación básica y de habilidades digitales impide que las personas puedan utilizar la tecnología de manera efectiva. Y es una lacra que afecta especialmente a las mujeres: dentro de la brecha digital existe otra de género. En todo el mundo, el 70% de los hombres utilizan Internet, frente al 65% de las mujeres. Y la cantidad de mujeres que están desconectadas en todo el mundo es un 17% mayor que la de hombres, según datos de la UIT en 2023.
Hay que tener en cuenta que, en el ámbito laboral, la falta de acceso a internet limita las oportunidades de empleo y el desarrollo profesional. En una economía global cada vez más digitalizada, las habilidades tecnológicas son esenciales para acceder a empleos bien remunerados y participar en el mercado laboral, por lo que las mujeres y los ciudadanos de zonas rurales juegan en desventaja respecto a los que sí están conectados.
La brecha digital también tiene profundas implicaciones en el ámbito educativo, como pudo verse durante la pandemia de COVID-19, cuando el cierre de escuelas obligó a millones de estudiantes a recurrir a la educación en línea. La UNESCO estima que aproximadamente 1.570 millones de estudiantes en todo el mundo se vieron afectados por el cierre de escuelas, y los estudiantes de comunidades con menos acceso a la tecnología fueron los más perjudicados. Aquellos sin acceso a internet quedaron en desventaja, exacerbando las desigualdades educativas y repercutiendo en su futuro a nivel social y laboral.
La famosa cantante estadounidense Taylor Swift se encuentra en medio de una gira mundial que concluirá en diciembre en Vancouver (Canadá) tras 151 conciertos. La artista, que se ha convertido en la primera en superar la barrera de los 1.000 millones de dólares de recaudación –y a quien se le ha criticado su ingente uso del jet privado–, ha querido mostrar que está comprometida con el medio ambiente y concienciar a su público sobre el cambio climático.
Así, antes de comenzar su recorrido, Swift compró bonos de carbono que, según afirma, serían suficientes para compensar su impacto medioambiental –aunque las cifras no se han hecho públicas–. En febrero, la presión pública empujó al icono pop a deshacerse de uno de sus aviones privados.
Antes de comenzar su gira, Taylor Swift compró bonos de carbono para compensar su impacto medioambienta
Por su parte, la banda británica Coldplay se marcó como objetivo disminuir a la mitad su cifra de emisiones respecto a 2016-2017 y prometió plantar un árbol por cada entrada vendida. Los últimos datos reflejan que su cambio ha sido un éxito, elevando el porcentaje hasta el 59%. Del mismo modo, Ed Sheeran, abiertamente comprometido con la causa medioambiental, anunció un tour en 2022 pensado para maximizar la eficiencia de su recorrido reduciendo al máximo el número de vuelos y, por tanto, la emisión de carbono.
Los ejemplos no se detienen ahí. Billie Eilish eliminó unas 35.000 botellas de agua de un solo uso durante su gira sustituyéndolas por tanques de agua y vasos reutilizables para los asistentes; el merchandising que acompaña a Olivia Rodrigo está teñido de forma sostenible y es 100% algodón orgánico; y Shawn Mendes da prioridad a aquellos alojamientos que minimizan su impacto medioambiental. La propia Eilish junto a otros artistas como Pink o Maroon 5 se han unido a Reverb, una organización que impulsa medidas ecológicas en los conciertos por parte, tanto de artistas como de espectadores a través del reciclaje y de distintas acciones ecológicas.
El desplazamiento hasta el lugar de celebración representa un tercio de las 670.000 toneladas de CO2 que produce la industria
Otro estudio analizó cada detalle de los conciertos de Massive Attack desde 2019 y extrajo conclusiones aplicables al resto de la industria musical. Una gira comprometida al máximo con el impacto medioambiental eliminaría los aviones privados y evitaría volar, dando paso a los viajes en tren o en vehículos eléctricos. El recinto seleccionado se abastecería de energía solar o eólica y utilizaría iluminación y sonido de bajo consumo. Además, debería contar con aparcamiento para bicicletas. Para incentivar su uso, la entrada llevaría incluido el billete de transporte público y todo aquel que eligiese esta opción recibiría algún tipo de incentivo. Este es uno de los puntos clave de la reducción, pues el desplazamiento hasta el lugar de celebración representa un tercio de las 670.000 toneladas de CO2 que produce la industria.
Tal y como dice Chris Spinato, director de comunicación de Reverb, «lo importante es hacer algo. No hay que ser perfecto y no hay que hacerlo todo, cualquier paso suma en la lucha contra el cambio climático».
Madrid ha perdido cuatro posiciones en el último año en el Índice de Ciudades Sostenibles de Corporate Knights, que evalúa 70 capitales de todo el mundo en función de criterios de sostenibilidad, como las emisiones de CO2 per cápita, la gestión de los residuos o la calidad del aire. La capital española se sitúa en el puesto número 13 y destaca principalmente en la categoría de movilidad sostenible, en una puntuación que la equipara a Hong Kong o Singapur.
Se calcula que casi el 70% de la población mundial, más de dos tercios del total, vivirá en ciudades en 2050. Y esa es también la fecha que Naciones Unidas ha puesto para el objetivo de emisiones cero, esto es, para conseguir eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero. Hoy no vamos por buen camino para lograrlo, por eso, las ciudades (donde se producen la mayor parte de las emisiones) son un actor clave del cambio de mentalidad.
Las primeras ciudades de la clasificación muestran altos niveles de emisiones per cápita contrarrestados por medidas gubernamentales y buena gestión de los residuos y la movilidad
Un informe elaborado por Corporate Knights, empresa líder de comunicación en investigación en economía sostenible, ha analizado y clasificado las ciudades del mundo según su sostenibilidad. Este particular ranking se basa en criterios como la calidad del aire, el acceso al agua potable, la gestión de residuos, la densidad del tráfico, el sistema de transporte y la dependencia del vehículo privado, los espacios públicos abiertos, las emisiones, la resiliencia y las políticas medioambientales de la ciudad.
Encabezan el ranking cuatro ciudades escandinavas: Estocolmo, Oslo, Copenhague y Lahti. Con más de un millón y medio de habitantes, Estocolmo ha conseguido reducir al máximo sus emisiones gracias a un sistema de transporte público reforzado que reduce la dependencia del coche y a dar importancia a las energías renovables. En el puesto de cola se sitúa Karachi, en Pakistán.
En general, los resultados de las primeras ciudades de la clasificación muestran altos niveles de emisiones per cápita contrarrestados por medidas gubernamentales y una buena gestión de los residuos y la movilidad. Es el caso de Sydney, en el puesto 7, o de Berlín, en el 8. La tendencia a mostrar emisiones altas pero fuertes medidas climáticas como el transporte público, la electrificación o la gestión de residuos es propia de ciudades con niveles socioeconómicos altos. Sin embargo, algunos resultados sorprenden: Ámsterdam, símbolo del transporte sostenible, ocupa el puesto 25 debido a su falta de políticas sobre energías renovables.
Por otro lado, las megaciudades tienen más dificultades para mantener políticas sostenibles debido a su tamaño, pero no es imposible: así lo demuestran Londres, con casi 9 millones de habitantes, ocupando el puesto 5, o Tokio, que, con 14 millones de ciudadanos, se mantiene en el puesto 12.
En el caso de España, la capital se sitúa en el puesto 13, cuatro lugares por debajo de su posición del año pasado. En su caso, Madrid destaca especialmente por aspectos relacionados con la movilidad, ya que su población depende menos del transporte personal y más del público, con menos de 0,5 vehículos por hogar, a la par que ciudades como Hong Kong y Singapur.
Al final del ranking encontramos núcleos urbanos con bajos niveles socioeconómicos y mucha población
Al final del ranking encontramos núcleos urbanos con bajos niveles socioeconómicos y mucha población, que afrontan retos adicionales a la acción climática. São Paulo, por ejemplo, con 12 millones de habitantes, ocupa el puesto 55, pues, aunque las emisiones per cápita son relativamente reducidas, la capacidad de resiliencia ante el cambio climático es mucho más baja debido a la pobreza de las infraestructuras y a la falta básica de recursos. Karachi, en Pakistán, por su parte, ocupa el último lugar por su falta de acceso a agua potable y sus nulas políticas contra el cambio climático.
En mejorar las condiciones socioeconómicas y las medidas gubernamentales es donde están los verdaderos retos para el cambio, ya que estas son el primer paso para eliminar o, al menos, reducir la gestión nociva de los recursos.
El aumento de la pobreza provocado por la pandemia ha traído consigo un retroceso en los objetivos marcados para 2030 de erradicar marcadores de desigualdad como el hambre, la no escolarización o la dificultad de acceso al agua potable.
En el año 2022, se alcanzaron los 712 millones de personas que viven en situación de pobreza extrema en todo el mundo. O lo que es lo mismo, el 9% de la población mundial vive con menos de 2,15 dólares diarios, el umbral que marca la pobreza más dramática, según el Banco Mundial. Son 23 millones de personas más que en 2019, antes de la pandemia; un incremento alarmante en una histórica senda de descenso que conlleva, a su vez, otro repunte en la desigualdad que retrasa significativamente el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), comprometiendo metas esenciales como el acceso al agua potable, la educación, la salud o la erradicación de la pobreza infantil.
La relación entre la pobreza y un futuro sostenible es intrínseca y multifacética, ya que la carencia material afecta profundamente a la estabilidad y el desarrollo de las sociedades. El primer y más evidente impacto es en la lucha contra el hambre, el ODS 2, marcado por más de 150 jefes de Estado y de Gobierno en 2015 para mejorar la igualdad en el mundo. Según la ONU, en 2022, aproximadamente 735 millones de personas padecían una alimentación deficiente. Además, las familias en situación de pobreza extrema a menudo no pueden permitirse alimentos nutritivos, lo que agrava la desnutrición y las tasas de mortalidad infantil.
En términos de salud (ODS 3), la pobreza extrema limita el acceso a servicios sanitarios básicos. Las personas sin recursos económicos suelen vivir en condiciones insalubres y en muchas ocasiones carecen de acceso a atención médica. Esto no solo aumenta las tasas de enfermedades prevenibles, sino que también reduce la esperanza de vida. La media mundial de los nacidos en 2022 es de 72 años, un año menos que antes de la pandemia, aunque según el Banco Mundial la expectativa de vida de los países pobres es de hasta 20 años menos que en los ricos, como puede verse en el mapa.
La educación de calidad (ODS 4) es otro de los objetivos que se ve gravemente afectado por la pobreza, ya que en esos contextos los niños y niñas a menudo deben abandonar la escuela para trabajar y contribuir a los ingresos familiares. La Unesco asegura que 258 millones de niños y jóvenes no asistían a la escuela en 2022, especialmente las regiones de Asia central y meridional, África del Norte y Asia Occidental, donde el 20,2% y el 12,2% de los menores no están escolarizados, respectivamente.
La falta de acceso a agua potable y saneamiento (ODS 6) es otra consecuencia directa de la pobreza extrema. Las comunidades pobres suelen depender de fuentes de agua contaminadas, lo que desemboca en enfermedades graves como el cólera y la disentería. La OMS estima que 2,2 mil millones de personas carecen de acceso a agua gestionada de manera segura, una situación que prevalece en regiones con altos índices de pobreza, exacerbando las crisis de salud pública. Zonas como Chad son las más afectadas, con índices que alcanzan a prácticamente la totalidad de su población.
España, a pesar de ser una economía desarrollada, enfrenta una preocupante tasa de pobreza infantil. Según Eurostat, el país tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de la Unión Europea, con más del 32% de los menores de 11 años en riesgo de pobreza o exclusión social en 2023, solo por detrás de Bulgaria y Rumanía y un punto más que en 2019. Esta realidad desafía la percepción de prosperidad y destaca la necesidad de políticas más efectivas para abordar la desigualdad desde la infancia.
© May Mahmoud para Acción contra el Hambre
Olivier Longué, director general de Acción contra el Hambre en España, es el rostro visible de una organización que cada año pone todos sus recursos al servicio de un único objetivo: la erradicación del hambre en el mundo. Charlamos con él a propósito de la situación actual, de la inflación del precio de los alimentos y de qué podemos hacer desde casa y desde las instituciones para detener este problema.
Para hablar con propiedad, ¿qué es el hambre? ¿Es lo mismo que la desnutrición? ¿Y la inseguridad alimentaria?
El hambre se asocia con la falta de alimentos y conlleva periodos en los que las personas sufren una grave inseguridad alimentaria, es decir, que pasan días enteros sin comer por falta de dinero, acceso a alimentos u otros recursos. La desnutrición es una condición más amplia que incluye no solo el hambre, sino también la falta de nutrientes esenciales, lo cual puede causar problemas de salud. Por su parte, la inseguridad alimentaria es la falta de acceso regular a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para llevar una vida saludable. Esta situación puede ser temporal o crónica. Es importante destacar que, en esta ecuación, debemos integrar en las soluciones el acceso a los cuidados dados tanto por el sistema de salud como por la familia.
¿Cuál es la situación del hambre en este momento en el mundo?
Se calcula que padecen hambre en el mundo 783 millones de personas, siendo los niños, niñas y mujeres los que se ven más afectados. Además de los efectos de la emergencia climática y las crisis económicas, las guerras y los conflictos siguen siendo las principales causas del hambre en el mundo.
En el escenario actual, corremos el riesgo de perder la línea de mejora que empezábamos a tener en los últimos años. La globalización económica y política de los problemas conlleva que debamos tener en cuenta lo que sucede en cada espacio y su repercusión a nivel mundial. La comunidad internacional debe actuar ya con urgencia para evitar que millones de personas sigan muriendo de hambre.
Y en España, ¿se pasa hambre? ¿El descenso del poder adquisitivo y la inflación han afectado a la dieta de los españoles?
En España, aunque no se vive una crisis de hambre comparable a la de algunos países en desarrollo, sí existen problemas de inseguridad alimentaria. La crisis financiera de 2009, la crisis generada por la pandemia de covid-19 y la guerra de Ucrania han impactado en nuestro país al producirse una reducción de los ingresos de los hogares y un incremento de precios de productos esenciales, con el consiguiente impacto negativo en los niveles de inseguridad alimentaria.
En España, un 13,3% de los hogares españoles experimentaron algún nivel de inseguridad alimentaria, es decir, más de 6 millones de personas. De todas ellas, casi 2 millones y medio sufren inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que implica que han tenido que reducir su ingesta de alimentos por falta de recursos. Padecer inseguridad alimentaria significa no poder acceder de forma regular a alimentos suficientes en calidad y cantidad, y esto perjudica en la salud y en el desarrollo.
Además, en nuestro país, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) una de cada diez personas en edad de trabajar se encuentra en situación de desempleo o vulnerabilidad. Por esta razón, en Acción contra el Hambre abordamos el problema de la seguridad alimentaria en España desde un enfoque multifacético, desarrollando programas que mejoren la situación económica y nutricional de las familias, impulsando la empleabilidad de las personas más vulnerables y la formación de personas en desempleo, y trabajando en programas de detección de la inseguridad alimentaria.
¿Cómo habéis vivido desde la organización el aumento del precio de los alimentos? ¿Se han presentado retos que no teníais anteriormente? ¿Son realmente posibles medidas como limitar el precio máximo de los alimentos de primera necesidad? ¿Qué pueden hacer los gobiernos?
El aumento del precio de los alimentos ha supuesto retos significativos para organizaciones como Acción contra el Hambre, dificultando el acceso a suministros esenciales y aumentando la inseguridad alimentaria. Medidas como limitar el precio máximo de los alimentos de primera necesidad son complejas y requieren una cuidadosa consideración. Otras medidas importantes serían la gestión de los excedentes de producción, garantizar que todas las personas tengan acceso a una canasta básica de alimentos y promocionar una alimentación consciente y responsable.
Otro de los grandes retos del panorama mundial actual son los conflictos bélicos que se están desarrollando en zonas como Ucrania y Palestina. ¿Cómo se plantea el trabajo de vuestra organización en estos espacios?
En zonas afectadas por conflictos como Ucrania y el Territorio Palestino Ocupado, donde llevamos más de 20 años trabajando, Acción contra el Hambre adapta su trabajo a las condiciones locales, priorizando la seguridad de nuestro personal humanitario y las necesidades más urgentes de la población. Nuestra organización lleva a cabo actividades de emergencia para proporcionar alimentos, agua potable, servicios de salud y apoyo psicológico, entre otras. La colaboración con socios locales y la comunidad internacional es clave para asegurar la eficiencia y sostenibilidad de las intervenciones en estos contextos complejos y cambiantes.
También seguimos defendiendo los derechos de las poblaciones afectadas por crisis y continuamos apelando a todas las partes en conflicto para que se cumpla el Derecho Internacional Humanitario y la resolución 2417 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: el hambre nunca debe usarse como arma de guerra.
La acción climática es también la lucha por gestionar los recursos naturales adecuadamente. ¿Cómo impacta el cambio climático en el acceso a los alimentos y al agua potable y segura?
El cambio climático afecta gravemente el acceso a alimentos y agua potable. Las variaciones extremas del clima, como sequías o inundaciones, reducen la producción agrícola, afectan a las cosechas y provocan desplazamientos de población, incrementando la inseguridad alimentaria. Además, estas condiciones extremas pueden contaminar fuentes de agua, dificultando el acceso a agua potable y segura. La gestión sostenible de los recursos naturales y la adaptación a los impactos climáticos son esenciales para garantizar la seguridad alimentaria y el acceso a agua potable en el futuro.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 «Hambre cero» y la Agenda 2030 buscan poner fin al hambre. ¿Es esta meta posible a día de hoy con esa fecha en mente?
Alcanzar este objetivo para 2030 presenta desafíos muy importantes debido a factores como el cambio climático, los conflictos, las crisis económicas y la pandemia de covid-19, que han incrementado la inseguridad alimentaria. Aunque se han logrado avances, la meta de «Hambre cero» para 2030 sigue siendo ambiciosa y requiere un esfuerzo global coordinado e intensificado para ser alcanzada. Desde Acción contra el Hambre sabemos cómo alcanzar el objetivo y trabajamos cada día para ello.
Desde casa, ¿qué podemos hacer a título individual para contribuir a la lucha contra el hambre?
Primero, informarnos. Conocer el problema y concienciarnos es fundamental para poder cumplir con nuestra responsabilidad como personas y como sociedades. Y siempre se puede poner un grano de arena en la lucha contra el hambre.
Los arrecifes de coral están sufriendo los efectos del cambio climático ya que su capacidad de adaptarse y recuperarse del incremento de las temperaturas no es suficiente. En esta línea, el Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático (IPPC) apunta que para 2050 pueden extinguirse entre un 70% y un 90% de los corales del mundo.
Entre los trópicos de Cáncer y Capricornio , existe un ecosistema que alberga hasta un 60% de las especies documentadas en el mundo. Los bosques tropicales, ubicados principalmente en el Amazonas, la cuenca del Congo y el sureste asiático, apenas suponen el 6% del territorio global, pero son una pieza clave para el equilibrio del planeta.
Aunque existen diferentes tipos de bosques tropicales, estos se caracterizan por una alta pluviosidad y temperaturas que oscilan entre los 20°C y 30°C. Un clima que propicia la vida para diversas especies de fauna y flora.
Sin embargo, ya hay indicios de que algunos de estos bosques podrían estar llegando a un punto de no retorno al estar perdiendo su capacidad de recuperación, lo que tendría graves consecuencias a nivel mundial.
En 2023 la pérdida total de bosques primarios tropicales alcanzó un total de 3,7 millones de hectáreas
Según datos de Interfaith Rainforest Initiative, tan solo 50 hectáreas de bosque tropical contienen más especies de árboles que la masa total de tierra de Europa y América del Norte juntas. Son el hogar del 80% de las especies de anfibios del planeta y refugio de especies en riesgo de extinción como el okapi, el orangután de Borneo y algunas especies de jaguar. Así, los bosques tropicales y subtropicales contienen los diez hotspots de biodiversidad con el mayor número de especies de vertebrados terrestres endémicos y el mayor número de especies amenazadas.
Pero no solo son vitales para la conservación de su biodiversidad: se calcula que estos ecosistemas capturan aproximadamente 190 millones de toneladas de dióxido de carbono netas cada año, lo que equivale a la mitad de las emisiones anuales de CO2 del Reino Unido provenientes de los combustibles fósiles.
En un contexto de crisis climática, la degradación de estos ecosistemas amenaza con agudizar las consecuencias de la subida de las temperaturas. Un escenario que cada vez es más preocupante y cercano, ya que solo en 2023 la pérdida total de bosques primarios tropicales alcanzó un total de 3,7 millones de hectáreas.
Principales amenazas
Los bosques tropicales son uno de los ecosistemas más amenazados del planeta. Lo que antaño se extendía por el 12% de la superficie terrestre, se ha reducido a solo el 6%.
La deforestación es, a día de hoy, la mayor amenaza de estos hábitats. La expansión de la agricultura comercial, la producción de aceite de palma, el cambio de los usos del suelo o los proyectos de minería a gran escala explican el porqué de esta rápida degradación.
Debido al cambio climático, las hojas de algunos árboles de los bosques tropicales no pueden realizar la fotosíntesis por haber alcanzado su temperatura límite
Sin embargo, no es la única amenaza que enfrentan. Debido a su cercanía a los trópicos, son más susceptibles de sufrir las consecuencias del cambio climático. Un nuevo estudio publicado por la revista Nature señala que un 0,01% de las hojas de los árboles en los bosques tropicales podría estar acercándose a este umbral de temperatura máxima para que funcione la fotosíntesis. Porcentaje que podría ascender al 1,4 % en un futuro no muy lejano según los patrones de calentamiento actuales.
Los bosques tropicales son un tesoro de biodiversidad que debemos proteger. Su conservación no solo es crucial para mantener el equilibrio ecológico, sino también para la supervivencia de innumerables especies y el bienestar de las generaciones futuras.
En un mundo cada vez más digitalizado, la violencia de género se reinventa y plantea nuevos retos. Para entender mejor este problema, hablamos con Eleonora Esposito, investigadora del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra especializada en violencia de género en la red. Como becaria Marie Skłodowska-Curie y como experta nacional destacada en el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), Eleonora Esposito ha liderado diferentes proyectos de investigación sobre la ciberviolencia de género y, actualmente, también trabaja en la aplicación de la nueva Ley de Servicios Digitales en la Dirección General de Redes, Contenidos y Tecnología de Comunicaciones (DG Connect) de la Comisión Europea.
¿Cómo se traslada la violencia de género a las pantallas?
Antes se entendía internet como una esfera separada de la vida real, pero ahora comprendemos que todo lo digital está totalmente involucrado en nuestra vida. Desde el EIGE, hemos utilizado mucho el término continuum de violencia. Fue acuñado por la académica feminista Liz Kelly en los años 80 para explicar cómo la violencia podía ser vivida de muchas formas y de manera simultánea. Dentro de un contexto de violencia, puedes ser víctima de violencia psicológica, violencia económica, sexual…
Con la violencia digital, el término continuum de violencia resulta aún más útil porque nos permite incluir y mapear diferentes formas de violencia más allá de la física, e identificar una raíz común de género entre ellas.
¿Este continuum de violencia se refleja en la posibilidad de que la violencia virtual se traduzca en agresiones físicas?
Es un predictor de exposición a la violencia, pero es difícil entender cuándo la violencia empieza en el mundo digital y continúa en el mundo físico y viceversa, u ocurre en las dos esferas a la vez. Hay una relación muy osmótica entre estos dos mundos, especialmente si el agresor es alguien conocido y cercano a la víctima. Si este ejerce violencia en la red, es muy probable que también ejerza formas de violencia física o sexual.
Sin embargo, con la llegada de internet surge otra cuestión. Desde siempre los agresores habían sido personas conocidas por la víctima, pero el problema con la violencia digital es que los perpetradores pueden ser anónimos y no conocerla, lo que supone un nuevo desafío.
Esta violencia digital anónima, ¿es un tipo de violencia más grupal?
Sí, tenemos el problema de los grupos de hombres unidos por la misoginia, como los incels, que forman parte de esta manosfera. Pero, además, hay otro problema en internet. Aunque no formes parte de esos grupos misóginos, hay una tendencia a la imitación, llamada también memética. Alguien crea un meme de humor sexista y, de repente, se crean alternativas «divertidas» sobre el tema y todo el mundo contribuye a esa discusión colectiva. Es un fenómeno que reproduce y amplifica la violencia simbólica contra las mujeres. Pensamos que no estamos haciendo daño a nadie, nos cuesta reconocer la humanidad de las personas con las que estamos interactuando virtualmente. Creemos que al ser internet no habrá consecuencias.
¿Cuáles son las formas de violencia de género digital más frecuentes?
Las más frecuentes son el ciberacoso y el ciberacecho. Aunque es difícil distinguirlas, en el EIGE hicimos una diferenciación basada en la cantidad y calidad de interacciones violentas. El acoso sería una forma más grave. Se trata de episodios que, vistos de una manera aislada, quizás no parecen tan serios, pero la repetición constante, obsesiva y maliciosa de actos violentos hace que la víctima sienta que su vida está en peligro.
La violencia basada en la imagen también es muy frecuente. A veces, se la llama «porno venganza», pero es un término erróneo. Por un lado, la motivación principal es hacer daño, no la venganza. Por otro lado, no es material pornográfico, que presupone un consentimiento que aquí no hay. Por eso, hablamos de abuso sexual basado en la imagen, de material sexual no consentido.
Tenemos también un problema con los deepfakes, materiales creados con Photoshop o con inteligencia artificial, pero que parecen reales.
¿Cómo se integra la perspectiva de género en la Ley de Servicios Digitales?
Esta ley tiene una perspectiva de género muy fuerte. En primer lugar, identifica cuatro macroáreas de riesgo: para los derechos fundamentales; para los procesos democráticos, el discurso cívico, los procesos electorales y la seguridad pública; los asociados a la difusión de contenidos ilícitos y otros tipos de usos indebidos y para nuestra salud física y mental.
En esta ley el riesgo se valora desde una perspectiva interseccional. Se reconoce que, como todas las personas no somos iguales en el mundo físico, tampoco lo somos en el mundo digital. Nuestro sexo, nuestra edad, nuestra etnia e, incluso, nuestro idioma hace que no seamos iguales. Por ejemplo, ¿cuántas cosas están escritas solo en inglés en internet? Si no sabes inglés, ¿cuánto te pierdes? Esto tiene un impacto enorme sobre nuestra experiencia. Debemos abordar la violencia digital desde este enfoque, solo así podemos proteger a todo el mundo en internet.
«En la violencia hacia las mujeres con exposición pública, la imagen es muy importante. El discurso de odio basado en el género se muestra en los abusos sexuales basados en la imagen y en los deepfakes»
¿Qué papel juega la inteligencia artificial en la violencia de género? ¿Se puede borrar el daño digital de esa violencia?
Ahora, por fin, hemos llegado a un acuerdo sobre la nueva Directiva sobre violencia contra las mujeres y violencia doméstica. Es una celebración a medias porque, al final, no se ha incluido, por ejemplo, el crimen de violación. Sin embargo, es un gran logro que se criminalicen cuatro formas de violencia: el ciberacoso, el ciberacecho, el abuso sexual basado en la imagen y el discurso de odio basado en el género. El texto también reconoce el impacto que pueden hacer los deepfakes.
Además, se está hablando de esto en el contexto de la Ley de Servicios Digitales y en el de la Ley sobre Inteligencia Artificial. Ahora, en todas las plataformas debe indicarse si una imagen o un vídeo ha sido generado por inteligencia artificial. Esto es algo que puede cambiar un poco las cosas.
¿Qué dificultades existen para implementar todas estas medidas a nivel europeo?
Tenemos 27 modelos legislativos, 24 idiomas, definiciones distintas, que también se utilizan para fines estadísticos y recopilaciones de datos que muchas veces no son comparables entre sí. Existen dificultades, pero también oportunidades. Con la Directiva europea sobre la lucha contra la violencia machista y doméstica, por fin tenemos un instrumento para perseguir estas cuatro formas de violencia de género digital que ya son consideradas eurocrímenes.
Además, la Ley de Servicios Digitales es un reglamento activo en todos los países desde 2022. Esta ley explica que todo lo que es ilegal en los estados europeos en el mundo físico, también es ilegal en el mundo digital. La Ley de Servicios Digitales y la Directiva se refuerzan una a la otra y ofrecen nuevos instrumentos para luchar contra la violencia contra las mujeres.
También, tras diez años, en 2024 va a salir la nueva encuesta de Eurostat sobre violencia de género, hecha gracias a la ayuda de la Agencia de los Derechos Fundamentales y el EIGE. Vamos a poder comparar los datos con los de 2014 y esta encuesta va a contribuir al desarrollo de políticas más actualizadas contras las nuevas formas de violencia de género. Aunque los problemas de falta de armonización existen, quizás, por primera vez, tenemos herramientas para superarla.
«Se tiene que ayudar más a que las mujeres se sientan cómodas e iguales en el mundo digital porque también tiene un impacto sobre su vida profesional y económica»
¿Cómo puede saber una mujer que está sufriendo violencia de género digital? ¿Qué consejos le darías?
Las asociaciones de mujeres , a pesar de la falta de financiación, siguen siendo la ayuda más grande que existe. También la Guardia Civil y la Policía se están poniendo al día. Saben que necesitan herramientas para detectar y reconocer este tipo de problemas y poder ayudar de una forma efectiva a las víctimas. Por otro lado, todos los consejos sobre el control como forma de violencia siguen siendo válidos. Si tu pareja tiene tu contraseña, te pide tu geolocalización o que le envíes fotos para saber dónde y con quién estás, hay una voluntad de control.
También nos estamos encontrando con el problema de las aplicaciones spyware y stalkerware, que sirven para stalkear a las víctimas. Por eso, cuando una pareja controladora regala un móvil, hay que revisar que no tenga instalada ninguna aplicación de este tipo. Aunque no se ven, se pueden descargar herramientas para detectarlas.
Para las víctimas que no conocen a sus perpetradores es más difícil. La solución que encuentran muchas mujeres es dejar de utilizar una plataforma. El hecho de que las niñas y chicas jóvenes no se sienten seguras frente a un ordenador tiene un impacto en sus oportunidades y posibilidades de futuro. Se tiene que ayudar a que se sientan cómodas e iguales en el mundo digital, porque también tiene un impacto sobre su vida profesional y económica.
La moda rápida está convirtiendo al sector textil en uno de los más contaminantes del planeta, con tasas de recogida y reutilización de sus desechos todavía mejorables, especialmente en países como España.
La moda es uno de los sectores que más ha crecido en las últimas décadas. El ritmo de las constantes y volátiles tendencias la ha convertido en una industria en continuo desarrollo, pero también en una de las más contaminantes del mundo. Se calcula que la industria textil es ya responsable del 10% de las emisiones globales de dióxido de carbono y de nada menos que el 20% del desperdicio de agua potable del planeta.
Por eso, el Parlamento Europeo presentó en febrero de 2024 una serie de ideas para modificar la normativa sobre residuos textiles. La revisión pretende introducir sistemas para ampliar la responsabilidad de las empresas del sector en el mercado único europeo y que, entre otras medidas, tengan que hacerse cargo de los costes de la recogida selectiva, la clasificación y el reciclaje.
La industria textil es responsable del 10% de las emisiones de CO₂ y del 20% del desperdicio de agua potable del planeta
Los europeos consumen de media casi 26 kg de textil cada año y se desprenden de unos 11 kg, que en su mayoría (87%) son incinerados o depositados en vertederos, según datos del propio Parlamento. Con estas medidas, se pretende reducir esa tasa y el impacto ambiental que el consumo de la moda rápida ha traído consigo.
En Europa, el textil es el quinto sector que más emisiones genera entre todos los que suministran a los hogares, con una media de 100 toneladas de CO₂, lo que supone el 7% de las emisiones totales. Está por detrás de la vivienda, el transporte o la comida, pero por encima de la restauración, el ocio o el sector de la salud, según datos de la Agencia Europea del Medioambiente.
Para elaborar una sola camiseta de algodón se necesitan 2.700 litros de agua dulce: la misma cantidad que una persona bebe en dos años y medio. En total, la elaboración de las prendas de ropa en Europa provoca un gasto de 4.024 millones de metros cúbicos de agua, más que el que se usa en los restaurantes y hoteles o incluso en los hogares, según la misma organización.
Pero el impacto ambiental de la ropa no se mide solo teniendo en cuenta su elaboración, también su vida útil. El destino de las prendas que salen del armario por haberse quedado viejas o pasadas de moda es otra de las claves para contribuir a un sector sostenible. Por eso, el Parlamento Europeo quiere que los países de la UE estén obligados a recoger los textiles por separado antes del 1 de enero de 2025 para su reutilización y reciclaje.
Solo el 39% de la ropa que se desecha en Europa se recoge para su reciclado y reutilización
Solo en Europa, se generan cada año 390.000 toneladas de residuos textiles cada año, de los cuales únicamente el 39% se recoge para su reciclado y reutilización, aunque existen grandes diferencias entre regiones. Mientras países como Alemania o Suecia recopilan un 62% de su textil para darle una segunda vida, en España esta cifra se queda en el 21%, muy por debajo de la mayoría de países de su entorno, como podemos ver en el mapa.
En España, la Ley de Residuos aprobada en 2023 prohíbe la destrucción de excedentes textiles y prioriza la reutilización, siendo el objetivo principal alcanzar el 55% del reciclado en 2025. En la última década, la cantidad de residuos de ropa y otros materiales textiles recogidos ha ido aumentando exponencialmente, pasando de las poco más de 4 toneladas en 2010 a las 35.000 en 2020, según datos del INE.
Con estas iniciativas legislativas, se pretende ir más allá de la mera concienciación del consumidor y que las empresas sean también agentes activos a la hora de construir un sector de la moda más sostenible y respetuoso con el planeta.