Naciones Unidas ha declarado este 2021 como el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, una forma de promover el crecimiento económico inclusivo que empodere a todos por igual. ¿En qué consiste y cómo implementarla?
Respetar los derechos humanos y el medio ambiente pronto será de debida diligencia para cualquier empresa europea. La primavera pasada, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, anunció el avance en una iniciativa legislativa obligatoria sobre debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente para todas las empresas con sede en el continente. Esta tiene como último propósito reforzar el marco regulador de tal forma que las empresas, ya sean multinacionales o pequeñas compañías, consigan alinear sus necesidades tanto con sus grupos de interés como con la sociedad.
El documento se ha hecho esperar. Amplios sectores empresariales, así como sindicatos y organizaciones sin ánimo de lucro, llevan a su espalda varios años de trabajo impulsando acciones contundentes en los derechos humanos y la seguridad climática. Recientemente, más de 26 empresas internacionales firmaron una declaración conjunta para que la UE exija al sector privado la debida actuación en materia de derechos humanos. Cientos de inversores se han pronunciado en la misma línea: es urgente frenar el trabajo forzoso y el daño al entorno en la cadena de producción. En su 2020 ICT Benchmark, la organización KnowTheChain descubrió que las empresas con sede en Europa obtuvieron una puntuación muy baja a la hora de acatar la seguridad de sus empleados.
Empresas con sede en Europa obtuvieron una puntuación muy baja con respecto a la seguridad de sus empleados
Y la pandemia no ha hecho más que evidenciar esta urgencia: Business Human Rights Resource Center ha rastreado las acciones de 35 marcas de moda globales para descubrir que ni siquiera la mitad lleva a cabo ejercicios de debida diligencia. Queda mucho que pincelar de esta futura directiva pero, sobre el papel, se plantea que se establezcan requisitos obligatorios con un sistema de sanciones supervisado a nivel nacional, abarcando toda la cadena de valor. Tras un primer rastreo sobre los enfoques legislativos existentes en relación a la debida diligencia, la Comisión ha concluido que la legislación debe contemplar medidas adicionales para grupos vulnerables y vigilar todas las actividades de la compañía, una acción que cambiará el cálculo del riesgo con respecto al abuso de trabajadores, daños a las comunidades y al medio ambiente.
Para que esta directiva sea eficaz, indica la European Coalition for Corporate Justice, deben asegurarse: el respeto de los derechos en la cadena de valor, la identificación y mitigación de los impactos adversos potenciales y reales sobre el medio ambiente y trabajadores, la cooperación en su solución y la responsabilidad sobre las acciones negativas. Estos, no obstante, son requisitos que las compañías responsables llevan tiempo incluyendo en su agenda, siendo la seguridad laboral y el cuidado del medioambiente dos pilares fundamentales para una sociedad sostenible.
En este sentido, el Grupo Red Eléctrica, dispone de un Modelo de Gestión de Derechos Humanos diseñado para proteger, respetar y remediar cualquier riesgo en materia de derechos que sigue la metodología definida por los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos propuesta por la Organización de las Naciones Unidas.
La actividad de la compañía, por el sector en que se enmarca, tiene vinculados riesgos en el ámbito de los derechos humanos principalmente en materia de salud y seguridad de las personas, condiciones laborales, cadena de suministro e impacto sobre las comunidades. El Grupo Red Eléctrica cuenta con políticas y mecanismos de control para minimizar estos riesgos, asegurar el respeto de los derechos humanos y remediar posibles vulneraciones de los mismos.
El Grupo Red Eléctrica dispone de un Modelo de Gestión de Derechos Humanos
Desde 2013 Red Eléctrica desarrolla análisis periódicos de diligencia debida para identificar los riesgos asociados a su actividad, tanto directa como indirecta, en materia de derechos humanos y con alcance a todas las empresas del Grupo. El resultado de este proceso evidencia que la compañía tiene un nivel de riesgo bajo, aplica los controles adecuados para su gestión y, por tanto, no ha sido necesaria la implantación de ninguna acción de remediación. La compañía mantiene un enfoque de control y de mejora continua a través del desarrollo de actuaciones que permiten la prevención de posibles vulneraciones así como la búsqueda de soluciones y su reparación en el caso de que se produjeran.
En su compromiso explícito con la promoción de los derechos humanos en todos los territorios en los que opera, Red Eléctrica pone a disposición de sus grupos de interés el canal ético como mecanismo formal de respuesta ante consultas y denuncias relacionadas con su cumplimiento, haciendo público el informe anual de gestión de la ética donde se incluye un análisis de las posibles denuncias recibidas en esta materia. Adicionalmente, la compañía cuenta con otros canales de comunicación con sus grupos de interés, donde éstos pueden trasladar sus inquietudes en relación a cualquier vulneración de los derechos humanos.
El aumento de la legislación de debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos en los países europeos garantizará que el resto de compañías sigan el mismo camino hasta conseguir una cadena de valor global que responda a un futuro sostenible, con puestos de trabajo seguros que contemplen todas las minorías. En el momento crucial de reconstruir la economía post-covid, la directiva europea puede marcar un antes y después en hacerla más resistente para todos y todas.
En menos de diez años harán falta más de 96.000 viviendas al día para dar techo a los más de 3.000 millones de personas que seremos en 2030. Así lo estiman las predicciones de las Naciones Unidas, que dan con unas cifras imposibles de acotar. En la actualidad las ciudades ya acogen a más de la mitad de la población mundial y producen más del 75% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Cada vez tenemos menos espacio y más habitantes: cuando la hoja del calendario marque el año 2050, el 75% de la población estará viviendo en entornos urbanos, lo que sumará aún más presión al ya acuciante problema de la habitabilidad y, por ende, de la sostenibilidad.
La rápida urbanización sobrecarga los servicios, satura el suelo, agota los recursos, empeora el aire y conlleva un crecimiento urbano incontrolado que llevará a un número creciente de habitantes en barrios pobres, tal y como indica el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles. Con la mirada puesta en el futuro, la teoría de lo común ha tomado parte del protagonismo en el discurso por la sostenibilidad. El consumo colaborativo y la financiación colectiva han demostrado ser modalidades que fomentan un modo de vida mucho más sostenible y justo con el planeta. Ahora, en el ámbito inmobiliario, el coliving transforma la vivienda en una mucho más abierta e inclusiva, más común, priorizando los espacios compartidos por encima de los privados.
El modelo se importa de Silicon Valley, donde el acceso a la vivienda es, como en la mayor parte de las grandes ciudades, tremendamente complicado. Aunque en un principio surgió como una simple idea de compartir piso y abaratar el precio en un mercado de rentas demasiado altas, el ‘coliving’ ha evolucionado en una alternativa que puede responder de forma muy satisfactoria al reto de la habitabilidad en formato de vivienda colaborativa que recupera los valores humanos de la comunidad -cada vez más difusos en el individualismo de las ciudades- y reduce la huella de carbono de los hogares.
El coliving es una alternativa que puede responder de forma muy satisfactoria al reto de la habitabilidad
El ‘coliving’ busca recuperar la convivencia entre vecinos a través de valores y objetivos comunes, con una co-gobernanza que sitúa a las personas en el centro, distinguiendo muy claramente entre zonas privadas y una serie de zonas comunes cuyo uso deciden los propios habitantes: un parque lúdico para los más pequeños, una zona de ‘coworking’, una terraza para barbacoas o un huerto urbano. Todo es válido siempre que cuente con la aprobación de la mayoría. Al compartir espacio y recursos se genera una pequeña economía de proximidad con la que se optimizan energías, se ahorran costes y se apuesta por las finanzas éticas.
De esta forma, la vida colaborativa se alinea por pura inercia con la sostenibilidad. Además, el vecindario suele autogestionarse garantizando, de esta forma, el derecho a la vivienda, una de las grandes metas que buscan alcanzar los ODS. A la hora de diseñar los planos, los vecinos suelen apostar por situar al medio ambiente en el centro de la ecuación, por lo que cabe esperar que estas viviendas sean energéticamente eficientes y estén construidas con materiales sostenibles. Se suele abogar por evitar aislantes, pinturas o barnices utilizados tradicionalmente y que pueden resultar perjudiciales así como por una distribución que, además de garantizar el reparto energético más eficiente, juegue muy bien con el equilibrio entre la densidad poblacional y el espacio que ocupa el edificio en sí superando ese reto de minimizar el uso del suelo sin dejar de lado la comodidad de la vivienda.
En España se contabilizan unas 150 viviendas ‘coliving’ de todo tipo: desde senior -grupos de mayores de 65 años y nuevas residencias- hasta intergeneracionales o específicas para grupos como personas LGTBI. La clave está en compartir los mismos intereses. Desde Cohousing Spain, el colectivo estatal que defiende este modelo de viviendas, aseguran que el ‘coliving’ cumple con 12 de los 17 ODS: la democratización de la vivienda y las finanzas, mejora de la oferta de vivienda no especulativa, recuperación de pueblos y edificios en desuso, fomento de ecosistemas económicos interdisciplinares y sostenibles (economía local, social, colaborativa y circular), mutualismo comunitario, incorporación de tecnología y fomento de la implicación social, entre otros.
En España se contabilizan unas 150 viviendas ‘coliving’
Algunos modelos cooperativos han llegado incluso a propiciar acuerdos legales ofreciendo contratos de propiedad a cambio de rehabilitación de un edificio. En Aletxa, un pueblo de Álava, un grupo de vecinos decidió rehabilitar un caserío de finales del siglo XVIII en una vivienda colaborativa, aplicando los mejores criterios de sostenibilidad y abriendo espacios para favorecer la vida en común. Las cinco viviendas, completamente autosuficientes, miden unos 45 metros cuadrados. Bajo la fórmula cooperativa, el objetivo principal es conseguir la mejor vivienda, con la mejor calidad y la mayor eficiencia sin intermediarios.
Del ‘coliving’ pueden extraerse numerosas ideas para el ámbito urbano, más allá de lo que concierne a la vivienda. La madrileña Cooperativa Entrepatios, que recientemente cumplió 15 años, se basa en tres pilares fundamentales: el social (los vecinos y vecinas forman parte activa del proyecto), el económico (financiado con banca ética) y el medioambiental (persigue generar la menor huella ecológica e impacto posible). La participación activa del ciudadano, el protagonismo de los espacios públicos y la reducción del impacto medioambiental son las tres características por las que se abogan de cara a la Agenda 2030. Si pretendemos hacer de las ciudades nuestro hogar, necesitamos hacerlo en una vida colaborativa con el medio ambiente.
España es hoy, según datos de la propia Unión Europea, uno de los países comunitarios que más agencias continentales alberga en su territorio. Al contar con cuatro organismos de este calibre se sitúa en tercer lugar en relación con los demás países del continente. Es por esta suerte de unión por la que se han beneficiado directamente algunas «pequeñas» ciudades del país como Alicante, Vigo o Bilbao. Esto, unido a reconocimientos tales como los de las capitales verdes —ganado en 2012 por Vitoria-Gasteiz—, muestra que las regiones periféricas (es decir, fuera de los principales polos económicos) cada vez juegan un papel más fundamental en el funcionamiento económico.
OCDE: La correlación entre el nivel de gasto descentralizado y el PIB per cápita es positiva
Basta dirigir la mirada a las propias cifras para comprobar que, efectivamente, España es uno de los países más descentralizados a nivel europeo. De hecho, gran parte de los países más desarrollados del mundo —tanto en términos económicos como políticos— poseen también un alto grado de descentralización. Según afirma la OCDE, la correlación entre el nivel de gasto descentralizado y el PIB per cápita es absolutamente positiva. Como es evidente, más que una simple casualidad estadística, los datos están respaldados con una base teórica que, en realidad, responde a la lógica más simple: si se es capaz de comprender mejor las realidades específicas del territorio, así como las preferencias de los ciudadanos locales, se responderá, entonces, con una mayor eficacia. Es, en definitiva, una cuestión de perspectiva.
Parte de estas ventajas tienen su origen también en el propio sistema económico, ya que en un entorno descentralizado la competencia entre administraciones regionales y locales para la promoción y atracción de empresas, talento e inversión se convierte, en definitiva, en el mayor incentivo posible. Es posible que estas afirmaciones se observen con mayor certeza en la actualidad, en un momento en el que parece más evidente que nunca que el país no puede sostenerse tan solo sobre dos patas, sino con las diecisiete CC.AA. y dos ciudades autónomas que lo componen. Eso es, al menos, lo que parece: cuanta más relevancia adquieran las distintas regiones de un país, más progreso obtendrán aquellas y, por tanto, el total del mismo. Para que la maquinaria funcione con todos sus engranajes la totalidad del poder económico no debe residir, por ejemplo, tan solo en la capital.
Según la AIREF, la descentralización proveería a los Estados de una dirección única y cohesionada de progreso
Los datos ofrecidos por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) muestran también una perspectiva halagüeña a este respecto. Según sugieren, la descentralización proveería a los Estados de una dirección única y cohesionada de progreso que, en términos regionales, llevaría a la convergencia económica (o, lo que es lo mismo, que todas las regiones compartiesen la riqueza al mismo nivel, sin grandes diferencias). Unos datos que, además, sostienen —con información sobre Alemania y Austria, principalmente— que el propio crecimiento es más rápido dentro de los países descentralizados.
Es en esta senda en la que se sitúa también el propio Fondo Monetario Internacional, que según un estudio elaborado por la organización en 2019 los beneficios netos para trasladarse a regiones de mayores ingresos (como puede ser, por ejemplo, Madrid) disminuyeron alrededor de un 30%, algo en lo que participa también la posibilidad de realizar el trabajo a distancia. Sin embargo, el mismo informe también hacía hincapié en que la crisis del 2008 pudo crear en España, a su vez, un contexto de disparidad que, ahora, crece hasta ensancharse, lo que podría llegar a abrir una compleja brecha dentro del intrincado sistema autonómico del país. La pandemia puede provocar, eso sí, un profundo replanteamiento del sistema, obligado por el éxodo de las grandes ciudades.
Las ventajas de la descentralización pueden volverse evidentes en una situación como la actual, en la que el teletrabajo se ha revelado como una herramienta imprescindible para el propio desarrollo vital de la ciudadanía. La pandemia ha acelerado nuevos modelos de trabajo dentro de las empresas, lo que podría abrir nuevas vías para salir de los grandes polos económicos del país hacia ciudades y regiones que antes, posiblemente, habían sido dejadas —relativamente— de lado. Ya no es posible interpretarlas como localizaciones secundarias: el desarrollo económico podría estar obligado a pasar por la totalidad del territorio nacional. Es posible, por tanto, que el coronavirus haya sentado un precedente. Redirigir grandes empresas y organismos a distintas regiones podría crear un ambiente de equilibrio económico entre regiones y progreso que en última instancia beneficie a todos y cada uno de los ciudadanos.
La descentralización parece, así, ser propicia para el crecimiento económico según las perspectivas arrojadas por numerosos informes. Son los apuntes proporcionados por organismos como la OCDE y la AIREF los que muestran que para alcanzar un desarrollo sostenible y global no hace falta un solo timón. El único requisito, parece, es navegar con determinación en una misma dirección.
Con 2021 estrenamos una nueva década con la que entramos en la recta final para hacer cumplir los objetivos marcados por la Agenda 2030, mantener la temperatura del planeta por debajo de los 1,5 grados y reducir el impacto de la emergencia climática. ¿Estaremos a la altura?
Naciones Unidas ha propuesto que durante el año entrante se festejen hasta cuatro ámbitos que, a su parecer, merecen una atención mayor. Así, 2021 será el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, el Año Internacional de la Paz y la Confianza, el Año Internacional de las Frutas y Verduras y el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil.
Las cuatro conmemoraciones representan puntos cardinales de los programas de actuación —presentes y futuros— que la organización pretende llevar a cabo con la máxima eficacia posible.
Esta conmemoración centra su atención en la oportunidad que se presenta para «fomentar la innovación y ofrecer oportunidades, beneficios y empoderamiento para todos». Esta selección proviene, en parte, del daño causado por la pandemia, cuya interrupción ha generado, sobre todo, la práctica desaparición de eventos culturales, dañando empleos relacionados con estos y otros campos creativos. Hasta el 45% de los artistas y escritores de la Unión Europea son auto-empleados, lo que los hace especialmente vulnerables en situaciones como la que estamos viviendo. Para las Naciones Unidas es fundamental destacar «la importancia de unas políticas nacionales adecuadas encaminadas a promover la diversidad de la expresión cultural y el fomento de la creatividad para el desarrollo sostenible». Es esta expresión la que se prevé como una de las claves para el año venidero: realizarse es, también, crecer.
En el caso del Año Internacional de la Paz y la Confianza ocurre exactamente lo mismo, siendo un pretexto ideal para resarcirse de un año repleto de múltiples disputas y recelos políticos provocados por el coronavirus. Entre los objetivos se hallan, por ejemplo, la promoción del multilateralismo —es decir, la cooperación de múltiples países— y la diplomacia preventiva. Los esfuerzos de la ONU pretenden centrarse en lo que, hasta ahora, era el orden de estabilidad política global, algo que trasluce perfectamente en la afirmación de que la conmemoración «es un medio de movilizar los esfuerzos de la comunidad internacional para promover la paz y la confianza entre las naciones sobre la base, entre otras cosas, del diálogo político, el entendimiento mutuo y la cooperación». Tan solo en la disputa entre Armenia y Azerbaiyán perdieron la vida más de 5.600 personastanto civiles como militares.
2021 será también una oportunidad para luchar por el desarrollo de una vida saludable. El Año Internacional de las Frutas y Verduras intentará poner un énfasis global en el fomento de las dietas saludables, las cuales se perfilan como las únicas herramientas con las que luchar contra un mal que causa más muertes que la combinación del tabaco, las enfermedades de transmisión sexual y la violencia armadas: la obesidad. De hecho, según señala la Organización Mundial de la Salud, el 39% de las personas adultas —según datos globales relativos a 2016– tiene sobrepeso. Además, unos 40 millones de niños y niñas menores de 5 años padecían sobrepeso u obesidad en 2018. Esto va unido, a su vez, al propio concepto de sostenibilidad, ya que no solo se trata de alimentos que favorecen la lucha contra el cambio climático, sino que también nos hallamos frente a unos alimentos cuya pérdida y desperdicio son especialmente altos. Según el propio secretario general de la ONU, António Guterres, esta es una oportunidad para «comprometernos con un mundo más sano, resiliente y en el que todas las personas tengan a su alcance, y puedan permitirse, la nutrición variada que necesitan».
Más reivindicativo es, si cabe, la última de las conmemoraciones prevista para el porvenir más cercano. Tanto es así, que su propia denominación es especialmente directa, tratándose del Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. Como es evidente, esto busca la consecución de un compromiso fuerte y sólido para la erradicación de una lacra que, aún hoy sigue presente. Según datos del Banco Mundial, en países como Argentina el porcentaje de menores de entre 7 y 14 años activos en la economía es de un 5%. Se busca también «poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas, así como asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluyendo la utilización de niños soldados». Es, por tanto, una suerte de grito contra toda injusticia y explotación.
Son esta clase de hitos conmemorativos los que, en definitiva, hacen célebre a la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que para que acciones como éstas tengan sentido son los Estados los que han de tomar decisiones.
Indudablemente, 2020 pasará a la historia. La pandemia que ha costado miles de vidas también ha dejado en evidencia la necesidad de abordar cuestiones no tan nuevas, pero más relevantes que nunca, como la inversión en ciencia y salud, los nuevos modelos de trabajo o la brecha digital.
Mientras los efectos de la pandemia aún se dejan notar en términos económicos y sociales, el futuro parece comenzar a brillar con un tímido optimismo. Esto no solo tiene lugar por las primeras llegadas de las tan ansiadas vacunas, sino también porque el horizonte comienza a teñirse de color verde. La pandemia ha acelerado proyectos transformadores que ahora ven una oportunidad única de cambiar los pilares económicos y sociales a mejor.
Los bonos sostenibles ayudan a cumplir objetivos climáticos, ecológicos y económicos
Este es el caso de los bonos de sostenibilidad, cuya demanda parece crecer de forma imparable. Emisiones de deuda como éstas —es decir, intentos de captar fondos de los inversores con una devolución completa (con intereses) posterior— se hallan destinadas a la financiación de proyectos que guarden un carácter tanto ambiental como social. Casos así incumben a cualquier tipo de empresa: muestra de ello es una agencia de telecomunicaciones que, por ejemplo, emitiese un bono para la transformación de una red de cobre a una con un menor coste ambiental. Esto no solo ayudaría a cumplir ciertos objetivos climáticos y ecológicos sino también económicos. Se trata, por tanto, de inversiones con impacto no solo en la empresa sino también en el conjunto de la sociedad. Parte de las categorías que entran en esta clase de bonos son, por ejemplo, las energías renovables, la eficiencia energética, la gestión de recursos naturales y el uso de la tierra. Sin embargo, estos bonos se encargan también de promover infraestructuras básicas asequibles, acceso a servicios esenciales, la seguridad alimentaria o ciertos avances socioeconómicos.
Las repercusiones de financiaciones de este tipo son evidentes, asentándose como una de las múltiples bases con las que la Unión Europea —al igual que sus propios Estados miembro— pretende favorecer una transición ecológica y digital. Este es el caso de España, ya que según AFME se ha consolidado como el tercer mayor emisor de bonos sostenibles de Europa, tan solo por detrás de Francia y Holanda. Nuestro país ha llegado a incrementar las cifras nacionales de estas emisiones hasta en un 97% anual en el primer semestre de 2020 (una cifra que alcanza, aproximadamente, alrededor de 9.000 millones de euros en bonos verdes, también enfocados a resultados responsables en términos sociales y ambientales). Gran parte de responsabilidad tiene el Instituto de Crédito Oficial, cuya emisión pública de bonos sociales logró superar hasta en siete veces el propio importe de la transacción (es decir, que si la emisión se realizó por un valor de 500 millones, su demanda sobrepasó los 3.500 millones de euros). Una inversión destinada tanto a empresarios autónomos como a pymes, así como a muchos otros tipos de empresas españolas. El hecho de que estos bonos hayan sido usados en un contexto de crisis aporta toda su relevancia de una manera sutil. Basta citar las cifras que, según el Observatorio Español de la Financiación Sostenible (OFISO), se han emitido hasta septiembre con esta forma de deuda: 11.500 millones de euros.
España es el tercer mayor emisor de bonos sostenibles de Europa
Dentro del ámbito europeo, España aporta hasta un 12,6% de la financiación sostenible comunitaria, colocándose como una gran fuerza impulsora de la llamada «transición verde». En términos presupuestarios la Unión Europea invertirá más de un 30% del total, acercándose hasta los 60.000 millones de euros. Según la propia AFME, gran parte de esta clase de emisiones reflejan la existente preocupación social desatada por el coronavirus, ya que gran parte de estos bonos se dirigen en esta dirección. Tanto es así, que el 2020 es el año en el que ha tenido lugar un mayor número de emisiones sociales, cifrándose en un 27%.
Emisiones como estas también representan la oportunidad de adquirir beneficios que, por supuesto, también pueden ser colectivos. La inversión en sostenibilidad demuestra que es posible, a través de esta senda, conseguir una ventaja estratégica y competitiva: se trata de sumergirse en un horizonte que no solo es cada vez más visible sino, de hecho, implacable. Si, tal como hemos visto, el ecosistema no espera impasible, el bienestar social tampoco.
El futuro se atisba ya dominado por esta clase de inversiones: el Tesoro español prevé emitir bonos verdes en 2021, algo que hará crecer aún más los importes relacionados con emisiones de este calibre. Mientras tanto, España sigue consolidándose como un referente mundial: durante 2019, nuestro país fue el décimo emisor —a nivel global— de bonos verdes, tal y como afirma Climate Bonds Initiative. Otros indicadores de relevancia son, por ejemplo, las propias incursiones bancarias. La incorporación del BBVA a la Red de Bonos Sostenibles del Nasdaq es otro paso en esta dirección, ya que esta es, hoy por hoy, una importantísima red de información mundial acerca de estas emisiones.
Lo que antes era un aluvión de compras en un solo país (Estados Unidos) y durante un solo día (que empezaba en la medianoche tras Acción de Gracias), ha llegado en el último lustro hasta nuestro país –como a muchos otros– y, con él, se han extendido prácticas perjudiciales para el medio ambiente que fomentan un consumo desmedido en un gran porcentaje de la población ya no sólo durante un día sino que se extienden en algunos casos al mes y se llega a hablar del Black November o noviembre negro.
Según un comunicado emitido el pasado día 25 de noviembre por Greenpeace se estima que este año durante el Black Friday ocho de cada diez personas en nuestro país comprarán online. Un auge del comercio electrónico sobre el que la ONG alerta: «El comercio electrónico nos ha facilitado la vida, sobre todo en tiempos de pandemia, pero a gran escala tiene un elevado coste ambiental. El sobreconsumo digital implica una extracción de recursos masiva y la generación de emisiones al producir los artículos y distribuirlos de un punto a otro del planeta, además de numerosos problemas para deshacernos de ellos. Consumir local en vez de apostar por gigantes del consumo, y solo cuando lo necesitemos, es la única solución», señalaba Alba García, responsable de la campaña de ciudades en Greenpeace España. Así, el impacto del llamado viernes negro en nuestro entorno es enorme si tenemos en cuenta que en España el año pasado se estima que se distribuyeron 3,5 millones de paquetes y 1,5 solo en la capital.
Ocho de cada diez españoles comprarán online este Black Friday
Comprar, tanto en tienda física como online, supone emitir gases de efecto invernadero y generar residuos. Si, por un lado, a nivel mundial se recomienda intentar no desplazarse para realizar compras, por otro, recibir muchos paquetes pequeños en casa de compras hechas a través de internet producen cantidades ingentes de plástico y cartón, además de que los cortos plazos de envío hacen que los transportistas no puedan planificar sus rutas de la manera eficaz y sostenible. Una manera de reducir el impacto que tienen tanto las compras online como los desplazamientos a los centros comerciales es acudir a las tiendas físicas para minimizar las emisiones contaminantes del transporte si se van a adquirir varios productos de diferentes lugares y, de paso, reducir embalaje. Si, por el contrario, se va a realizar una sola compra o en un solo establecimiento, internet puede ser la mejor opción.
Por eso, un año más, ecologistas y especialistas en sostenibilidad recuerdan la importancia de comprar de manera consciente, valorando antes de adquirir gangas si realmente se necesita o simplemente es una acción compulsiva. Además, recomiendan comparar precios para saber si la oferta realmente lo es y, en la medida de lo posible, optar por la segunda mano o los productos reacondicionados, fomentando así la economía circular.
Cerca del 33% de las compras realizadas en el Black Friday se devuelve
Y más allá de la compra en sí, advierten de que el problema llega una vez la campaña del Black Friday pasa: se calcula que alrededor del 33% de las compras acaban devolviéndose. Es decir, a la contaminación que genera per se todo el proceso de producción de, por ejemplo, un teléfono móvil – uno de apenas 200 gramos genera 86 kilos de residuos–, se le suma el CO2 emitido para su transporte y, después, su devolución. Cuando el teléfono vuelve a la tienda habríamos generado un rastro de residuos y gases de efecto invernadero para que el producto vuelva al lugar del que salió. Por eso, lo mejor es no dejarse llevar por impulsos y meditar cada compra. Si nos preguntamos si verdaderamente necesitamos algo antes de darle a finalizar compra, seguramente las devoluciones se reducirían sobremanera.
Otro gran problema derivado de la compra sin mesura que provoca la campaña del Black Friday parte del embalaje de las compras, especialmente las online: si no se gestionan adecuadamente los productos que se van a reemplazar o el packaging de los recién comprados, estaremos generando en pocos días miles de kilos de basura que acabarán en vertederos. Así que la clave está en el reciclaje: ante la duda, todos los ayuntamientos de España disponen de un número de teléfono de información sobre gestión de residuos.
La cultura del usar y tirar, que favorecen las campañas de rebajas, genera un extra de contaminación, pero los expertos recuerdan que, además, asfixian a muchos comercios de barrio que, un año como el actual, ya respiran con dificultad por la crisis sanitaria. Para muchos, es imposible competir con los descuentos durante una semana o un mes. Por eso, en un momento tan extraordinario, ¿por qué no apostar por el pequeño comercio de proximidad y ayudarle a sobrevivir al 2020?
La conciencia medioambiental de muchos –especialmente los más jóvenes– ha precipitado la aparición de alternativas sostenibles al Black Friday o al cada vez más famoso Cyber Monday (celebrado el lunes de después). Una de ellas es el Giving Tuesday, con la que, según las organizaciones que la impulsan se pretende “dedicar un día en todo el mundo, este año el 1 de diciembre, a celebrar la acción de dar, ya sean alimentos, dinero, tiempo (voluntariado), objetos de segunda mano, etc”. Con este día, representado en redes con el hashtag #GivingTuesday, se quiere extender la solidaridad a los 365 días del año, empezando por uno solo.
En 2018, el Giving Tuesday en España recaudó 697.265 euros destinados a más de 300 proyectos sociales
El Giving Tuesday nació en 2012 en Nueva York para contrarrestar los efectos del Black Friday y el Cyber Monday. La ONG 92Y Street y la Fundación de las Naciones Unidas lo pusieron en marcha para promover el espíritu solidario de la Navidad frente a un consumismo cada vez más generalizado. Esta iniciativa, a la que cada vez se unen más personas en todo el mundo, llegó a España tres años después de su creación en Estados Unidos y solo en 2018 llegó a recaudar 697.265 euros en nuestro país que se destinaron a más de 300 proyectos sociales. Una alternativa que apuesta por dar en vez de comprar e intenta romper con las ansias consumistas en un planeta cuyos recursos ya han llegado a su límite.
«La obesidad infantil es un problema de salud pública en Europa». Así de contundente se muestra el Estudio sobre la alimentación, actividad física, desarrollo infantil y obesidad en España 2019 realizado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). Conocido como informe Aladino revela que el 23,3% de la población de entre 6 y 9 años en nuestro país padece sobrepeso, el 17,3% obesidad y el 4,2% obesidad severa, según los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Además, el estudio lanza un dato muy relevante: el número de niños y niñas con obesidad es mayor entre las familias con rentas más bajas. Rafael Escudero, presidente de la AESAN y secretario general de Consumo y Juego, resume así en el Huffington Post los resultados de la investigación: «4 de cada 10 escolares analizados presentan exceso de peso. Es una de las peores tasas de Europa: 40,6%». Y un aspecto preocupante: solo el 12,6% de las familias cree que sus hijos tienen exceso de peso, frente al 40,6% que realmente lo padece.
El 23,3% de la población de entre 6 y 9 años en nuestro país padece sobrepeso y el 17,3% obesidad
Aladino no solo analiza las métricas corporales de los participantes, sino también los hábitos de consumo y alimentación, así como su contexto sociocultural. Los datos revelan una realidad invisibilizada en nuestro país y que la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus no hará más que empeorar: el sobrepeso infantil es cuestión de clase social. Pero no solo eso: también lo es de género. El informe arroja luz sobre otra cuestión que preocupa a los expertos: mientras en los últimos cinco años el sobrepeso en niños ha disminuido ligeramente, en niñas se ha mantenido en tendencia ascendente.
El informe Aladino no deja lugar a dudas en su análisis: el aumento de peso está estrechamente relacionado con factores socioeconómicos como la renta, la educación o el entorno. La diferencia llega a ser tan grande que, en el estrato más bajo de ingresos (menos de 18.000 euros anuales), la obesidad llega prácticamente a duplicarse con relación a la que se constata en ingresos más altos (más de 30.000 euros anuales). En comparación, un 23,3% frente a un 12,1%. Pero, además, las cifras son similares cuando se presta atención al nivel de estudios de los progenitores: la obesidad casi se duplica en niñas y niños cuyos progenitores tienen estudios primarios (el 24,3%), frente a aquellos que cuentan con estudios universitarios (el 12,4%).
En el estrato más bajo de ingresos, la obesidad llega casi a duplicarse
El concepto de pobresidad intenta hacer patente este vínculo entre recursos económicos y salud en la infancia.
Un estudio de Acción contra el Hambre en el madrileño barrio de San Cristóbal de Los Ángeles, uno de los más deprimidos de la capital, arroja luz al respecto. Entre abril y diciembre de 2018 la ONG investigó si existe algún tipo de relación entre obesidad y desempleo, y la respuesta fue rotunda: las personas sin empleo se cuidan menos y tienden a la obesidad, algo que acaba exportándose a sus familiares, especialmente a los más pequeños.
Las razones detrás de este fenómeno son más complejas de lo que pueden parecer a simple vista: más allá de la desgana, están la falta de autoestima y la ansiedad o el deterioro de la salud mental. Además, según la organización humanitaria, también influye el acceso a una oferta nutricional de calidad, que se ha visto mermada en barrios donde los comercios de toda la vida han ido desapareciendo, haciendo hueco a otros negocios en los que predominan los alimentos precocinados, ricos en grasas y azúcares.
Actualmente, según el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, más de 2,3 millones de niños se encuentran en situación de pobreza en España. Ernesto Gasco, responsable de esta institución, alerta de que «nuestra tasa de pobreza infantil persistente –encontrarse en situación de pobreza en el año en curso y en al menos dos de los tres años anteriores– es del 17,4%. Casi un millón y medio de niños, niñas y adolescentes la padecen. Esto supone que dos de cada tres menores de 18 años en pobreza en España lo son en términos estructurales».
Más de 2,3 millones de niños se encuentran en situación de pobreza en España
Además, el riesgo de pobreza en la infancia repercute en el poder adquisitivo en la vida adulta. Pero de la misma manera que la pobreza puede perpetuarse con el paso de los años, también puede hacerlo la pobresidad: si el sobrepeso o la obesidad relacionado con la pobreza no se ataja en la infancia, esos menores se convertirán en adultos con una peor calidad de vida y mayores problemas de salud.